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    *Ley con dedicatoria

    29 agosto, 2023 Deslinde
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    Alberto Witvrun.- El paquete legislativo anticorrupción enviado a la 65 Legislatura local por el Ejecutivo por
    sus efectos son las leyes más relevantes de lo que va de la administración porque pone en
    blanco y negro bases para erradicar a empresarios consentidos al tiempo de ampliar las
    posibilidades de que un mayor número de empresas y proveedores puedan competir por
    obras, adquisiciones y servicios.
    Este compendio de leyes impide teóricamente esquemas o redes de corrupción que
    beneficiaron en la obra pública a unos cuántos bajo la consigna de financiar proyectos
    políticos lo que representaba un alto costo para la operación del gobierno estatal y la
    población recibía mala calidad en servicios mientras las obras no cumplían con las
    especificaciones que se esperaba.
    Así operó el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (Inhife) con
    Antonio Díaz Zenteno “constructor consentido” del gobierno anterior a quien el anterior
    titular Enrique Azpeitia Medina entregó más del 60 por ciento de la obra del sector
    educativo contando con la complicidad del secretario de Obras José Menses Arrieta y del
    presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Octavio Solís
    Cerón.
    Estructura que parecía repetirse con la intervención del titular del Inhife Félix Brambila
    Mendoza en la elección de Juan Carlos Nava Rubio como presidente de la CMIC; también
    frena especulaciones sobre la influencia del propietario de Celular Milenium y del
    proyecto inmobiliario y comercial Vía Dorada, Juan Carlos Martínez Domínguez de quien
    se especula adquirió la franquicia Hidalgo del periódico El Universal.
    Este paquete legislativo pone candados a la corrupción con dedicatoria a empresarios y
    funcionarios para no repetir esquemas con Empresas Factureras de Operaciones
    Simuladas (EFOS) utilizadas para desviar 617 millones 492 mil pesos a través de
    ayuntamientos, 140 en la Secretaría de Educación mediante el supuesto rescate de
    software y adquisición de materiales en la Oficialía Mayor por 28 millones de pesos, más
    lo que se acumule.

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