José Antonio Alcaraz .-El Congreso de Hidalgo aprobó un dictamen constitucional para garantizar los derechos políticos-electorales de la juventud para registrarse en fórmulas a diputaciones locales o de planillas para ayuntamientos.
De manera unánime, los legisladores avalaron que en elecciones de ayuntamientos, las personas con 21 años de edad pueden registrarse a la candidatura a presidente municipal y 18 años para sindicaturas y regidurías.
Esta reforma se hizo a los artículos 24, fracción I, segundo párrafo y artículo 128, fracción III, de las Constitución Política de Hidalgo. De acuerdo con el diputado priista, Julio Manuel Valera Piedras, con esta modificación se garantiza los derechos políticos electorales de la juventud, el derecho de intervenir en la vida pública y con ello, tener una mayor participación de las juventudes en la toma de decisiones públicas y políticas del país y el estado.
Además, agregó, incentiva su participación más allá de las elecciones, es decir, es necesario que se vean involucrados en las decisiones y políticas, a través de representantes juveniles en los cargos de elección popular.
“Para superar un problema hay primero, que reconocer que existe, por lo tanto, consolidemos instituciones más horizontales, hagamos de la pluralidad una forma de gobernar, de legislar y de vivir”, expresó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El legislador envió un mensaje a los jóvenes del estado a quienes les dijo “necesitamos de ustedes, para resolver los grandes retos, en su Congreso tienen una puerta para ingresar, una mesa para trabajar y una tribuna para hablar. Con los jóvenes todo, sin los jóvenes nada”, concluyó.
Por otro lado, se avaló el dictamen referente a la reforma al artículo 49 de la Ley de la Juventud de Hidalgo, en materia de erradicar la discriminación a los jóvenes.
La diputada tricolor Rocío Sosa Jiménez, mencionó que con esta aprobación buscan erradicar la discriminación de los jóvenes que se encuentran en situación de calle, exclusión social, cultural o étnica con discapacidad o alguna otra; de igual forma garantizar la protección de sus derechos, el acceso a los servicios de educación, salud y promover capacitaciones laborales, con lo cual se logrará una inclusión plena y efectiva en la sociedad.