Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Elementos de la Policía Estatal adscritos a la Delegación Regional Tula, junto con una empresa de grúas con razón social Zavala, son investigados por las Secretarías de Movilidad y Transporte de Hidalgo (SEMOTH) y de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) por su probable participación en una red de corrupción en agravio de operadores de unidades de transporte público.
De acuerdo con operadores del volante consultados, quienes prefirieron no ser identificados por temor a represalias, los estatales y el corral de encierro actúan en contubernio para “fabricar” cargos a los transportistas, a fin de obtener jugosas ganancias económicas.
El asunto fue denunciado en días pasados y ya está en la etapa de integración en las contralorías internas de ambas dependencias, por lo que, tanto los uniformados implicados como los permisionarios de los gruyeros serán llamados a cuentas en próximas fechas, y de negarse podrían ser despedidos, en el caso de los uniformados, mientras que a la empresa de grúas se le cancelaría el permiso.
Para ejemplificar los abusos de autoridad y la “fabricación” de faltas y el posterior arrastre de la unidad del transporte público (taxi), se expone en una de las denuncias que motivan la investigación, se tiene que la noche del pasado 19 de septiembre del año en curso, donde el conductor de un taxi con razón social El Llano primera y segunda sección, fue interceptado por elementos de la Policía Estatal imputándole que se encontraba bajo los influjos del alcohol, situación que fue falsa.
La autoridad se negó a hacerle al conductor la prueba del alcoholímetro, pese a que así lo establece el artículo 71 de la Ley de Transporte y Movilidad en el Estado de Hidalgo.
Según el testimonio certificado del operador afectado, no conforme con intervenirlo, cuando detuvo su marcha los agentes de seguridad lo bajaron y esposaron, además de llamarle al servicio de grúas y mandar su auto al corralón, “y a cambio de la liberación” le requirieron 10 mil pesos.
Agregó que al acudir al corralón le cobraron más de 2 mil 500 pesos a cambio de “liberar” el vehículo, pero que le cobraron los conceptos de banderazo, pensión, arrastre, guardia y custodia «sin haber cometido algún delito» y sin siquiera haber recibido todos “los servicios” cobrados.
Cabe resaltar que, adicionalmente, en la delegación de tránsito estatal le negaron la boleta de infracción, amenazándolo que si no pagaba la multa lo pondrían a disposición de la Semoth.
Al tiempo de exigir justicia, el afectado pide a las autoridades que se haga lo conducente, a fin de que no haya más ilícitos de esta naturaleza contra los conductores de transporte público, pues asegura que las extorsiones y el abuso de poder de tal naturaleza son frecuentes.