Manuel Castellanos. Tepeapulco.- Se agravó la crisis política en el gobierno municipal al lograr la presidenta municipal Marisol Ortega López se inhabilite a la regidora Guadalupe Gabriela Miranda Pallares mediante una denuncia por violencia política de género, operación legal de la presidenta municipal que consiguió dejar fuera de la asamblea municipal a su principal crítica y opositora.
En marzo de 2022, logró la inhabilitación del Síndico Procurador Hacendario, Hugo Pérez Ramírez, acusándolo de un presunto soborno de 20 mil pesos que nunca fue comprobó, hace un par de semanas la contraloría interna inhabilitó a la Síndica Procuradora Jurídica Elvia García Arteaga, en venganza por ser una de los que abrieron una carpeta de investigación en su contra por Uso Indebido de Funciones.
Ahora logró que la jueza penal de control adscrita al Segundo Circuito Judicial en Apan Diana Villarreal Quintero, determinará la suspensión temporal de la regidora Miranda Pallares por su probable participación en el delito de violencia política de género, lo paradójico es que se trata de la misma juzgadora que rechazó las acusaciones en contra de la presidenta municipal cuando los regidores Guadalupe Miranda y Marcelino Pérez fueron violentados durante el primer informe de Marisol Ortega.
Ortega López fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, por la compra y donación de un terreno para la construcción de una sucursal del Banco Bienestar, porque fue adquirido a sobre precio.
Además, requería de la aprobación de la asamblea municipal mediante mayoría calificada como lo establece la Ley Orgánica Municipal, lo que viola el Artículo 217 del Código Penal Federal, lo anterior quedo establecido en la investigación: NUC: 12-2023-07797 tras la denuncia de la Síndica Jurídica del ayuntamiento Elvia García y los regidores Patricia González, Osca Pérez, Guadalupe Miranda y Marcelino Pérez.
Se esperan en los siguientes días movilizaciones de protesta en contra de Ortega López y la intervención del Congreso local, además de exigir a la Procuraduría General de Justicia del Estado acelere la integración de la carpeta en contra de Marisol Ortega.