José Antonio Alcaraz.- Para incorporar en Hidalgo al Código Penal y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Violencia Ácida, y castigarla con hasta 12 años de cárcel y más de 71 mil pesos de multa, el diputado local morenista Luis Ángel Tenorio Cruz, presentó una reforma en el Congreso local.
Durante la sesión de este miércoles, el legislador expuso que esta iniciativa tiene como objetivo salvaguardar el derecho humano con el que cuentan todas las mujeres a una vida libre de violencia.
Por tal motivo, se busca incorporar la “Violencia Ácida” como un tipo de violencia en cometida por ataques de ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas.
Tenorio Cruz dijo que resulta que este tipo de violencia premeditada se esté suscitando y la Ley de Acceso Local no la contemple, a pesar de existir antecedentes de este tipo de ataques como el ocurrido en Molango de Escamilla.
De esta forma, la iniciativa busca que se sancione este tipo de violencia de ocho a los 12 años de prisión y multas de 300 a 700 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 31 mil 122 a 72 mil 618 pesos, agravándose cuando cause daño irreversible en la víctima.
El legislador miembro de la comunidad LGBTI+, dijo que algunas de las principales consecuencias derivadas de un ataque con ácido son: efectos en la salud, psicológicos y sociales.
En el primero, abundó, el daño causado por el ataque deriva en la deformación del cuerpo de manera permanente, por lo que la víctima se ve sometida a diversas intervenciones quirúrgicas y estéticas; incluso, pueden ser vulnerables a contraer infecciones o bacterias.
En cuanto a la psicológica, genera en la víctima miedo, ansiedad, depresión, baja autoestima, entre otras y, los efectos sociales, se manifiestan con la pérdida de su trabajo o fuente de ingreso, rechazo de su familia y la sociedad, así como dependencia de familiares o personas para realizar actividades cotidianas.
Dicha iniciativa fue enviada a las comisiones conjuntas de Seguridad Ciudadana y Justicia y Legislación y Puntos Constitucionales para ser analizada y en su caso dictaminada.