Jocelyn Andrade.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 576 que reformó el Código Electoral del Estado de Hidalgo.
De acuerdo al documento, dicho decreto introduce diversas medidas que inciden en los derechos político-electorales de las personas que se auto adscriben como integrantes de un pueblo o comunidad indígena.
En términos de los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Congreso local se encontraba obligado a consultar a dichos colectivos en un procedimiento que garantizara el respeto a los principios mínimos que han sido desarrollados por ese Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la CNDH estimó que estos no fueron cabalmente observados en el ejercicio consultivo llevado a cabo por el Congreso hidalguense.
La Comisión señaló que la consulta celebrada por el Congreso, previo a la expedición del Decreto impugnado, no garantizó o acreditó el cumplimiento de los principios que rigen a ese derecho reconocido a favor de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en la entidad.
Lo anterior, pues a pesar de que el Congreso del Estado de Hidalgo llevó a cabo diversas actividades con el objetivo de consultar a esos grupos de la población, lo cierto es que, del análisis de las constancias públicas que integran el procedimiento respectivo a las que tuvo acceso esta Institución Nacional, se advierte que no se acredita que se haya cumplido con los principios constitucionales aplicables al derecho a la consulta que han sido determinados por ese Tribunal Constitucional.