Alberto Witvrun.- A siete años del dantesco escenario en que se convirtió la toma clandestina en San
Primitivo en los limites de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan que costo la vida a 137 personas que
se convirtieron en teas humanas la región Tula–Tepeji se mantiene como el Reino del
Huachicol, porque la población no aprendió de esa negra experiencia y mantiene es ilícita
actividad como alternativa económica, así lo indican las estadísticas, pero más la realidad
social.
En 2025 se aperturaron más de 2 mil tomas clandestinas para extraer gasolinas, mil 918 de
enero a septiembre oficialmente y de 7 en 2024 pasaron a 97 en 2025 para extraer gas y
fueron decomisados en los últimos tres años 6 millones 23 mil 775 litros de hidrocarburos,
lo que no ha desalentado a los grupos delincuenciales que sostienen una guerra por el
control de esta actividad a lo que se atribuye la gran mayoría de los 112 homicidios
dolosos el año pasado.
Así que a pesar de los golpes que han dado las autoridades y el histórico decomiso, el
Huachicol asociado al narcomenudeo y cobro de piso sigue siendo altamente rentable
para la delincuencia y los pesimistas consideran que no se reducirá a pesar del operativo
permanente anunciado en el que participan 600 efectivos de fuerzas de seguridad
federales y estatales.
Este 18 de enero en el séptimo aniversario de la tragedia de San Primitivo la conclusión es
que los únicos que sacaron provecho de ella fue el gobierno federal de Andrés Manuel
López Obrador, porque el gobierno de Hidalgo del priista Omar Fayad Meneses absorbió el
costo social y político y gracias a ello el ex mandatario hidalguense consiguió su Patente
de Corzo, que lo llevaron de embajador a Noruega, no por haber entregado el estado a
Morena, como se victimiza la senadora Carolina Viggiano Austria para eludir su
responsabilidad en la derrota priista de 2022.
