Juan Manuel Pérez.- Por su destacada trayectoria académica y profesional, Gerardo García Silva asumió el cargo como nuevo director del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
García Silva es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha cursado dos maestrías en la UNAM y en el INACIPE, con el grado académico de Doctor en Derecho con mención honorífica por la máxima casa de estudios del país.
Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1.
Como parte de su trayectoria profesional, ha desempeñado cargos como Analista Jurídico en la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Director de Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República; Director de Operación y Convenios y Coordinador de Asesores en la Dirección General de Coordinación Interprocuradurías de la PGR.
Asimismo, fue Director de Capacitación, Director de Investigación y Director Jurídico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales; catedrático en niveles licenciatura, maestría y doctorado; y autor de diversos libros, entre ellos “El Nuevo Sistema de Justicia Penal”, de editorial Porrúa.
El Doctor García Silva se suma a los trabajos del Poder Judicial para que, a través de capacitación y profesionalización en el quehacer jurisdiccional, se desarrolle un trabajo de mayor calidad jurídica y efectivo, que permita el fortalecimiento de la institución.
Es necesario fortalecer la escuela judicial, empoderar la carrera judicial, ser “escuela de jueces, secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas y actuarios”, con rubros como: argumentación jurisdiccional, redacción de sentencias en lenguaje ciudadano.
Valoración probatoria, oralidad en cada material- civil, mercantil, familiar, laboral y penal-; y, lo que implica, un Poder Judicial acorde a los retos que marca hoy un Sistema de Justicia basado en audiencias y guiado por principios de inmediatez.
Transparencia y continuidad, para lograr una tutela judicial efectiva a los derechos de los justiciables y con ello, insistir en la confianza de la ciudadanía en las decisiones judiciales, realizadas con apego a lo acreditado por las partes en un juicio, conforme a derecho.