Jocelyn Andrade.- Para garantizar el voto de las mil 635 personas que en Hidalgo esperan una sentencia, de las cuales, mil 486 son hombres y 149 son mujeres en prisión preventiva, los institutos Nacional Electoral en Hidalgo y Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) signaron un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) para permitirlo.
La Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, María del Refugio García López, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, María Magdalena González Escalona y el titular de la SSPH, Salvador Cruz Neri, signaron el documento.
Esto se desprende de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quién determinó que las personas sin sentencia y bajo Prisión Preventiva conservan sus derechos político-electorales, por ello las tres instituciones permitirán el voto en los Centros de Reinserción Social (Cereso).
En Hidalgo se tienen 12 centros penitenciarios en Actopan, Apan, Huichapan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Molango, Pachuca, Tenango de Doria, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo.
La votación será anticipada, correspondiente al Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, del 6 al 20 de mayo, en atención al principio de presunción de inocencia y a fin de maximizar el ejercicio de los derechos humanos en su vertiente político-electoral de votar. INE, IEEH y la SSPH asegurarán un proceso electoral inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.
El INE se comprometió a intercambiar información, cubrir gastos de implementación y llevar a cabo actividades con racionalidad presupuestal; mientras que el IEEH, se asegurará de la producción de las boletas, documentación y materiales electorales para el ejercicio del voto.
Asimismo, en caso de advertir que alguna de las personas en Prisión Preventiva hable únicamente una lengua indígena, dicho Organismo se encargará de realizar las traducciones a las lenguas indígenas predominantes en Hidalgo. Por su parte, la SSPH se compromete a garantizar la seguridad durante las actividades electorales, comunicar cualquier obstáculo al voto, informar sobre cambios en la situación jurídica de las personas en prisión preventiva.