Arturo G. Alanis.- Autoridades estatales minimizan el conflicto social, económico y político que vive Zimapán provocado por el gansteril Sindicato del Cemento que trata de imponer contratos colectivos de trabajo y apoderarse del transporte de materiales, apoyados por hombres armados, acusaron empresarios y trabajadores mineros que dijeron hay pérdidas por 750 mil dólares y riesgo de perderse cinco mil 200 empleos directos e indirectos, en seis minas cerradas desde hace tres días.
Representantes de las mineras Purísima, Guadalupe, Balcones y Carrizal Mining, Homero Vega y Carlos Bravo y dirigentes de seis agrupaciones y cooperativas de transportistas de metales y no metales de la región Pedro Villeda, Arturo Martínez y Mario Ramírez, afirmaron el gobierno estatal no ha dado la importancia a este problema y no hacen nada por frenar a esta violenta agrupación.
Dijeron hay temor de agresiones directas a trabajadores o la población, para amedrentarlos y obligarlos a apoyar a esta organización, aparte de preocupar el estancamiento económico por el paro obligado de operaciones de minas y plantas, por lo bloqueo del Sindicato del Cemento.
Señalaron a los pseudo dirigentes de ejidatarios, Alejandro Sánchez y Lucía Ramírez de abrir la puerta a este grupo, que pertenece a la Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales de México (CIOASM), dirigida por José Neri Ortega Blancas.
Demandaron se investigue que intereses hay atrás para evitar que desestabilicen al municipio y pidieron la intervención del gobernador Julio Menchaca Salazar, para defender a Zimapán y no dejar “entrar” a este grupo gansteril.
