Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Las dos denuncias interpuestas por la sociedad civil de Tula contra el alcalde Manuel Hernández Badillo continúan en etapa de integración, siguen su proceso legal y estamos actuando sin filias ni fobias, dijo el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, al ser cuestionado sobre el tema.
Sobre el edil pesan dos querellas, una interpuesta por la Gran Asamblea de Damnificados Tula 2021, por la entrega de 763 colchones contaminados con orines, heces fecales, sangre y chinches, que fueron otorgados a igual número de afectados de la inundación de 2021; la otra, por el desvío de 48 millones de pesos extraordinarios que se recibieron de parte del estado meses después de la emergencia.
Nieto Castillo agregó que, por la secrecía de la investigación, no podía decir más sobre el asunto, aunque tampoco es el estilo de la Procuraduría andar ventilando casos antes del tema de judicializarlos.
Al respecto Berenice Pecina Jiménez, presidenta de la Gran Asamblea de Damnificados Tula 2021, dijo que comprende la postura del procurador, pero que, después de que se aportaron todas las pruebas necesarias y de que incluso ya existe un dictamen favorable a la causa de parte de la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), lo que se espera es una resolución favorable de la PGJEH.
Sobre la segunda querella que se interpuso a través de la agrupación Unidos por Tula (UxT), de la cual es integrante, detalló que se inició el 16 de febrero, mientras que la de los colchones fue el 17 de enero, ambas en la presente anualidad, por lo que considera que no se han dejado las carpetas en el rezago, sino que se les está atendiendo conforme a los tiempos de ley.