Alberto Witvrun.- No hay una explicación lógica del porqué la jueza de control del fuero común de Tizayuca Juana García Amador, se expuso a enfrentar un proceso penal por desacato a una orden de la justicia federal, establecida en el amparo que concedió el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo que tiene como titular a la jueza Daniela María León Linarte contra la orden de aprehensión para Mariana L. M. ex candidata del Partido del Trabajo (PT) y le dictó prisión preventiva oficiosa.
Y que la carpeta de investigación haya sido integrada de manera exprés, se asegura que en menos de 24 horas, para cuando la presunta responsable de extorsión se presentó voluntariamente a la audiencia fuera detenida por orden de la jueza, nunca detenida por la policía de investigación, así puede especular que existen intereses políticos en esta caso donde esta involucrada la principal opositora a la ex presidenta municipal Susana Ángeles Quezada recién nombrada enlace de la Secretaría de las Mujeres con estados y municipios.
La jueza García Amador, puede ser acusada por los abogados de la ex candidata petista por desacato, mientras acuden otra vez a la justicia federal para volver amparar a Mariana L. M. ahora contra la prisión preventiva oficiosa, porque más allá del curso que tome el proceso penal donde las partes deben aportar y desahogar pruebas, la defensa sostiene que no hay razón para que este en prisión, más cuando acudió a la audiencia voluntariamente.
En Tizayuca se especula si atrás de todo esta la mano de Ángeles Quezada, sobre todo porque una posible persecución política desde otro nivel queda descartada porque Mariana L. M. no pertenece al Clan Sosa Castelán que utilizó al PT para desafiar al gobierno estatal, además que la expresión política que generó en Tizayuca le apostó en 2022 a la candidatura de Julio Menchaca Salazar.
Así que sete caso aún dará mucho de que hablar y el turno será para la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro Echeverría y para el encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) Francisco Fernández Hasbun.
