*La violencia económica es de las que poco se habla, pero muchas veces empieza
dentro de la propia familia.
José Luis Guevara
Casi todos conocemos la historia de hijas que renuncian a su parte de la casa familiar
“para evitar problemas”. O la de uno o varios hermanos varones que terminan
apoderándose y dilapidando el patrimonio de sus madres y hermanas. Y, tristemente, la
de madres que, convencidas de que están haciendo lo correcto, piden a sus hijas que
cedan para que el “hombrecito” de la casa pueda llevar la vida que cree merecer. Son
historias atemporales que se repiten todos los días y en todos los lugares.
La violencia económica no necesariamente deja moretones ni aparece con la misma
claridad en las estadísticas como otras formas igualmente cobardes de violencia contra las
mujeres. Sin embargo, sus consecuencias también son profundas, dependencia y pérdida
de autonomía. Y muchas veces ocurre justo en el lugar donde debería existir mayor
protección: la propia familia.
No ocurre solo en un tipo de familia ni en un nivel socioeconómico específico. La violencia
económica contra las mujeres atraviesa todos los estratos sociales. Se repite, generación
tras generación, en muchos hogares humildes y en otros de gran riqueza. No siempre llega
con gritos o amenazas; a menudo aparece disfrazada de tradición o de costumbre.
La violencia económica no siempre adopta la forma típica de impedir que una mujer
trabaje o de controlar su salario. Muchas veces se esconde en decisiones que durante
años se han considerado normales dentro de las familias. Sucede cuando los padres
entregan la casa o el negocio familiar al hijo “porque él lo va a cuidar”. Cuando a la hija se
le excluye del patrimonio con el argumento de que “ya se casará” o, teniendo pareja, de
que ya no lo necesita. Cuando se le presiona para aceptar que los hermanos varones
reciban y administren los bienes familiares para “no dividir a la familia”.
En demasiados hogares latinoamericanos sigue operando una lógica silenciosa: los
recursos familiares terminan concentrándose en los hombres. No es solo una percepción
cultural o un secreto a voces. En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro mujeres
no tiene ingresos propios, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.
Una dependencia económica que con frecuencia las deja en una posición más vulnerable
dentro de sus propios hogares. Cuando una mujer no tiene acceso a propiedad,
patrimonio o ingresos propios, su margen de decisión se reduce. Tiene menos capacidad
para enfrentar una crisis o construir un proyecto de vida independiente.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. En México, dos de cada diez mujeres
mayores de 15 años han sufrido violencia económica o patrimonial dentro de su relación
de pareja, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH 2021) del INEGI. Según la misma encuesta, más de 13 millones de mujeres en el
país han enfrentado algún tipo de control sobre su dinero, su trabajo o sus bienes.
Estas dinámicas rara vez responden a actos de una sola persona. Son el resultado de una
cultura que durante generaciones ha asignado a los hombres el control del patrimonio.
Por eso, el despojo contra las mujeres dentro de las familias muchas veces va
acompañado de la presión —o la complacencia e incluso complicidad— no solo de los
hombres, sino también de otras mujeres del propio núcleo familiar.
Así, el patrimonio de muchas familias sea poco o mucho, termina financiando la vida de
hijos a los que durante años se les enseñó que la familia siempre los rescataría por el
simple hecho de ser hombres. A lo largo de la historia, el inmerecido premio de
consolación para “burros” y “baquetones” ha sido apoderarse de aquellos bienes que por
derecho corresponden a las mujeres de su casa.
Las leyes mexicanas reconocen la violencia económica como una forma de violencia
contra las mujeres. El problema ya no es tanto la letra de la ley como lo son las viejas
prácticas.
Increíblemente, siendo la justicia ciega y mujer, mientras a los hombres se nos permite
casi acudir ante la Suprema Corte para decidir a quién corresponde el dominó del abuelo;
al género femenino se le cuestiona social y legalmente cuando decide acudir a buscar
justicia ante tribunales —título de propiedad en mano— para denunciar violencia
económica en su contra.
Con toda razón, cada 8 de marzo las calles se llenan de consignas justificadas. La fecha es
una oportunidad para dimensionar lo mucho que falta en la búsqueda de la igualdad
sustantiva y de una vida libre de violencia para las mujeres.
Pero también debería ser una oportunidad para mirar hacia adentro, hacia esos espacios
cotidianos donde las desigualdades siguen reproduciéndose con normalidad, como lo
puede ser la familia. Una oportunidad para entender que la equidad no se construye solo
en las leyes o en el discurso público.
También se construye en decisiones aparentemente pequeñas: cómo se reparten las
herencias, quién controla una propiedad, quién administra un negocio familiar, por
pequeño o grande que sea. En otras palabras, cómo se distribuye el poder económico
dentro de la familia.
La independencia económica también es una forma de libertad.
Y ninguna familia debería construirse sobre el despojo silencioso de sus mujeres.
