Miguel Á. Martínez. Tlahuelilpan.- El apoyo gubernamental para organizar la ceremonia luctuosa para las 137 víctimas del estallido e incendio de la toma clandestina en San Primitivo, no basta se requiere atención integral porque a cuatro años el daño social y psicológico está vigente.
Las autoridades tienen que dar mayor atención a un pueblo que sigue en desgracia, expresó Araceli Ramos López, de la colonia El Depósito que no perdió familiares el 18 de enero de 2019, pero vive de cerca el dolor de sus vecinos.
Son severos los daños psicológicos, por la tragedia que les arrancó la vida a sus seres queridos.
En la zona cero, que se sitúa, en el paraje Las Viborillas de la comunidad de Teltipán, Tlaxcoapan, se hicieron llamados a los tres órdenes de gobierno, en especial al Ejecutivo, Julio Menchaca Salazar, para la su ayuda solidaria a los deudos, en especial a quienes quedaron en la orfandad y viudez.
Indicó que justo estos sectores poblacionales son quienes peor la están pasando: “muchos de los 138 niños y jóvenes que quedaron huérfanos, han caído en las drogas, hay mujeres que se casaron a temprana edad por la desintegración familiar; las viudas están desesperadas por no tener cómo sacar adelante a sus hijos. Las historias son desgarradoras.
Para otros asistentes al acto luctuoso, ya hubo muchos discursos se requiere verdadero apoyo y seguimiento, pues se sabe de un sobreviviente, al que ya no le dan nada.
En el acto solemne no se habló nada del proyecto de construcción del memorial, y se evidenció un desencuentro entre deudos y el gobierno federal, pues no se le mencionó en ningún momento.
Durante la misa católica, oficiada por el sacerdote José Marcelino Valdés Tovar, este llamó a la sociedad en general a no juzgar a deudos y difuntos porque la mayoría era gente de bien. Pidió a sus familiares, no acordarse de ellos cada año, porque dijo, no han muerto, sino que están presentes cada vez que se les recuerda, cada vez que oran por ellos.
El 18 de enero de 2019, en el marco de la crisis por el desabasto de gasolinas, que se suscitó durante los primeros meses de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se produjo el estallido del ducto Tuxpan – Tula en su kilómetro 227, asentado entre los límites de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, que cobró la vida de 137 personas.
Derivado de la emergencia, se apoyó a los deudos, con programas federales: proyectos productivos y becas principalmente; no obstante, en el marco del cuarto aniversario del evento, familiares de los fallecidos denunciaron que se les habían retirado las ayudas.
os sufren secuelas
Miguel Á. Martínez. Tlahuelilpan.- El apoyo gubernamental para organizar la ceremonia luctuosa para las 137 víctimas del estallido e incendio de la toma clandestina en San Primitivo, no basta se requiere atención integral porque a cuatro años el daño social y psicológico está vigente.
Las autoridades tienen que dar mayor atención a un pueblo que sigue en desgracia, expresó Araceli Ramos López, de la colonia El Depósito que no perdió familiares el 18 de enero de 2019, pero vive de cerca el dolor de sus vecinos.
Son severos los daños psicológicos, por la tragedia que les arrancó la vida a sus seres queridos.
En la zona cero, que se sitúa, en el paraje Las Viborillas de la comunidad de Teltipán, Tlaxcoapan, se hicieron llamados a los tres órdenes de gobierno, en especial al Ejecutivo, Julio Menchaca Salazar, para la su ayuda solidaria a los deudos, en especial a quienes quedaron en la orfandad y viudez.
Indicó que justo estos sectores poblacionales son quienes peor la están pasando: “muchos de los 138 niños y jóvenes que quedaron huérfanos, han caído en las drogas, hay mujeres que se casaron a temprana edad por la desintegración familiar; las viudas están desesperadas por no tener cómo sacar adelante a sus hijos. Las historias son desgarradoras.
Para otros asistentes al acto luctuoso, ya hubo muchos discursos se requiere verdadero apoyo y seguimiento, pues se sabe de un sobreviviente, al que ya no le dan nada.
En el acto solemne no se habló nada del proyecto de construcción del memorial, y se evidenció un desencuentro entre deudos y el gobierno federal, pues no se le mencionó en ningún momento.
Durante la misa católica, oficiada por el sacerdote José Marcelino Valdés Tovar, este llamó a la sociedad en general a no juzgar a deudos y difuntos porque la mayoría era gente de bien. Pidió a sus familiares, no acordarse de ellos cada año, porque dijo, no han muerto, sino que están presentes cada vez que se les recuerda, cada vez que oran por ellos.
El 18 de enero de 2019, en el marco de la crisis por el desabasto de gasolinas, que se suscitó durante los primeros meses de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se produjo el estallido del ducto Tuxpan – Tula en su kilómetro 227, asentado entre los límites de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, que cobró la vida de 137 personas.
Derivado de la emergencia, se apoyó a los deudos, con programas federales: proyectos productivos y becas principalmente; no obstante, en el marco del cuarto aniversario del evento, familiares de los fallecidos denunciaron que se les habían retirado las ayudas.
