Erick Morales.- Los desvíos de recursos públicos durante la pasada administración por 2 mil 407 millones de pesos acumulan 95 denuncias penales; 25 personas señaladas y 10 ex presidentes municipales involucrados y funcionarios de segundo y tercer nivel implicados en Epazoyucan, Nopala de Villagrán, Pisaflores, Yahualica, Tula de Allende, Atitalaquia, Singuilucan y Huautla con cinco de ellos detenidos y una recuperación de 475 millones de pesos.
Álvaro Bárdales Ramírez, secretario de la Contraloría así resumió los avances de la Estafa Siniestra que investigan los desvíos y responsabilidades administrativas y penales de funcionarios municipales y estatales, al comparecer ante el pleno de la 66 Legislatura al Congreso local, como parte de la glosa del tercer informe.
Recordó que su antecesor César Román M. V. y la exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas enfrentan procesos por daño al erario; el primero cuenta con ficha roja de Interpol y fue detenido en Miami, aclaró que no está en libertad, sino sujeto a un plazo de 90 días por un juicio de amparo relacionado con su estancia irregular en Estados Unidos, y deberá comparecer entre el 28 y 29 de enero, señaló que la autoridad estadounidense analiza un posible proceso de deportación o extradición.
Respecto al ex gobernador Omar Fayad Meneses, indicó que no existen pruebas directas que permitan judicializar alguna responsabilidad. Subrayó que la justicia requiere evidencia documental verificable y que ningún involucrado ha reportado indicios a sus superiores. “La justicia no se hace por rumores, se hace con pruebas”, sostuvo.
Añadió que continúan las denuncias relacionadas con administraciones anteriores, incluido un procedimiento por 200 millones de pesos en contrataciones públicas atribuidas al exsecretario de Contraloría, también mencionó el caso concluido y sancionado de los tres helicópteros vendidos por el exoficial mayor, donde se detectó un presunto desvío de 240 millones de pesos al no coincidir el valor comercial con el monto de venta.
Bardales Ramírez afirmó que el seguimiento a estos casos busca evitar que situaciones similares se repitan, señaló que ninguna persona está exenta de responsabilidad y que las acusaciones deben sustentarse en documentos que resistan juicio, reiteró además la coordinación con 175 contralores internos para prevenir nuevas irregularidades.
Y cerró al señalar que el estado mantiene todas las facultades para proseguir con las acciones judiciales y que las investigaciones continuarán hasta agotar las rutas legales disponibles.