Miguel Á. Martínez. Tula de Allende. Ayer, mediante la fuerza pública se dio cumplimiento de una orden judicial a favor del ejido de San Pedro en la que un juez de distrito ordenó el desalojo del predio La Nopalera, que era habitado por más de 100 familias.
Además, se produjo la demolición de aproximadamente 50 viviendas que antiguamente habitaban integrantes del grupo conocido como Los Oaxacos.
El polígono fue ocupado por los incursionistas desde hace aproximadamente 40 años, lo cual, de acuerdo a la agrupación, les creó derechos sobre la superficie, por lo que acusaron ilegalidad tras la desocupación, de la que, además, denunciaron no haber sido notificados.
Pese a la oposición inicial a desocupar el predio, finalmente, la diligencia se llevó a cabo, puesto que apoyaron para ella, más de 400 policías estatales además de que intervino también personal de derechos humanos, quienes únicamente actuaron como observadores.
La representante legal de los ejidatarios, Fabiola López Ramírez, señaló que la desocupación se realizó conforme a derecho, y en estricto apego a una resolución judicial, además de que en ningún momento se violentaron los derechos de nadie.
No obstante, por su parte, los supuestos invasores indicaron que se cometieron múltiples abusos, dado que, para empezar no se les notificó de la acción legal de la que fueron objeto, además de que, en la ciudad de Pachuca, fueron aprehendidos ilegalmente cuatro de sus líderes.
Hubo cuestionamientos hacia las autoridades, respecto de ahora dónde van a habitar si les destruyeron sus viviendas y los dejaron sin un patrimonio.
Felipe Cruz, propietario de una pequeña tienda que fue derribada aseguró que se mantenía de su establecimiento, por lo que ahora que fue destruido no tendrá una fuente de ingresos para él y para su familia.