Erick Morales.- El programa de Bienestar para Adultos Mayores, es universal y queda en manos de cada persona decidir si realiza el trámite o no. «Los derechos son parejos, y debemos garantizarlos. Evaluar si es correcto o no corresponde a cada quien», afirmó el delegado Abraham Mendoza Zenteno, respecto a si es correcto o no que políticos y funcionarios obtengan el beneficio.
Al ser cuestionado sobre aquellos servidores públicos con sueldos superiores a 40 mil pesos que también acceden a este apoyo, reiteró que la pensión para personas adultas mayores es un derecho constitucional, por lo que no puede restringirse con base en el nivel de ingresos.
Evitó emitir juicios éticos sobre este tema, al considerar que cualquier postura podría interpretarse como una agresión personal; el programa federal cuenta con 310 mil beneficiarios en Hidalgo y se prevé un aumento en los próximos meses, con nuevas incorporaciones.
En otro tema, el delegado informó que en seis años que lleva en el cargo únicamente cinco personas en situación de calle han sido incorporadas a la pensión. Los casos se localizaron en Pachuca, Yahualica y Xochiatipan, y requirieron procesos complejos por la falta de documentos oficiales.
Detalló que el personal de la delegación ha recurrido a testimonios de vecinos e incluso a registros parroquiales para confirmar la identidad y la edad de los solicitantes; también mencionó que en algunos municipios las propias familias no realizan adecuadamente el registro de personas con discapacidad, lo que complica el proceso y subrayó que se revisan cuidadosamente los aspectos legales para evitar duplicidad en la identidad de los beneficiarios.