Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Honestidad y transparencia del gobierno municipal en duda por los directos señalamientos de corrupción y compra de voluntades de regidores para aprobar contratos, obras de costos “inflados” para desviar recursos por parte del alcalde morenista Cristhian Martínez Reséndiz, que agrava la crisis política y de ingobernabilidad.
La denuncia de regidores independientes y del Partido del Trabajo (PT) descubrió sobornos vía la Síndica Hacendaria para obtener su voto en el cabildo. Señalamiento inicial de la petista Karina Chiapa Mendoza, que reveló le ofrecieron un “incentivo” a cambio de respaldar al Ejecutivo, que dijo rechazó; tras discutir con el morenista Alfonso Rodríguez Fuentes.
Noé Paredes Meza, afirmó que los “sobres amarillos” representan una de las formas de corrupción dentro del municipio, beneficios encubiertos para condicionar la voluntad de los integrantes del cabildo y acusó la existencia de “aviadores”, incluida la pareja sentimental de un regidor de “oposición”, que vota a favor de las iniciativas del presidente y del ex priista Henry Pedraza Cruz, como una concesión política a otro regidor de Morena.
Ambos, exfuncionarios, fueron liquidados al descubrirse que cobraban, sin desempeñar trabajo alguno; sin embargo, exhibió que, fueron dados de baja cuando fueron detectados como aviadores. “Estas consideraciones no están contenidas en sobres amarillos, pero es dinero público entregado a personas que no trabajaron”, señaló.
Paredes Meza cuestionó el manejo discrecional de recursos, al recordar que a una regidora se le autorizaron 20 mil pesos para una feria comunitaria, que no fue entregado completo, pero sí presentado como apoyo personal de la regidora Cristina Maturano Gómez.
Además, discriminación hacia la oposición, al afirmar que mientras algunos integrantes del Cabildo reciben apoyos y beneficios, a los independientes y opositores en general se les niegan ayuda para proyectos sociales, que solventan con recursos propios.
Y lanzó un reto público para revisar el expediente técnico del parque Quetzalcóatl, obra que costó 28 millones de pesos, y aseguró que un análisis especializado demostraría un desvío de al menos 10 millones de pesos lo que se repiten en obras de las calles 5 de Febrero y Moctezuma.
Rodríguez Fuentes aseveró que cada uno tiene la responsabilidad de su voto, y asumirá las consecuencias de sus actos, porque él, seguirá votando a favor de lo que considere mejor para Tula, y mientras todo esto sucedía el presidente municipal jugueteaba con su celular.