Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- La inseguridad avanza sin contención, ante la falta de acciones del gobierno municipal, frente a una violencia cotidiana, la autoridad local ha optado por callar, evadir y postergar decisiones urgentes.
Habitantes de colonias y comunidades se presentaron ante el Cabildo para exigir al presidente municipal Cristhian Martínez Reséndiz una respuesta inmediata; pero no la hubo, porque la exigencia fue enviada a mesas de trabajo, sin fechas definidas ni objetivos claros.
Los ciudadanos denunciaron que la administración municipal 2024-2027 ha sido omisa, asegurando que no existe una estrategia de seguridad y que el gobierno se limita a discursos mientras los delitos continúan.
También cuestionaron las “mesas por la paz”, que fueron calificadas como actos protocolarios sin impacto real en la seguridad de las colonias.
Los datos oficiales sostienen el reclamo. Solo en enero de 2026 se registraron once homicidios dolosos en el municipio, todos por arma de fuego. En un año y cinco meses de la actual administración, la cifra alcanza 89 asesinatos.
El temor se refleja en la vida orgánica de la ciudad; desde las 20:00 horas, el centro luce vacío. Comercios cierran temprano y las familias se resguardan.
La violencia no se detuvo en febrero. El día 2 fue localizada sin vida A. C. C., vecina de Bomintzhá, desaparecida desde el 26 de enero. El hecho confirmó la continuidad de la crisis.
Pese a este contexto, el alcalde evitó fijar postura pública; no anunció operativos ni cambios en mandos policiales, ni acciones inmediatas. Delegó el tema al secretario general municipal, José Antonio Vargas Olmedo, para una eventual calendarización.
Durante la sesión también se evidenció una falta legal. El ayuntamiento no ha instalado el Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, pese a que la ley obliga a hacerlo en los primeros tres meses de gobierno.
El abogado Arturo Luna informó que, por esta omisión, promovió un juicio de amparo federal, folio 817/2025, resuelto por el Segundo Juzgado de Distrito en Pachuca, que ordena integrar dicho consejo.
Han pasado más de siete meses sin cumplimiento. La omisión podría constituir desacato y derivar en responsabilidades administrativas y penales. Mientras la violencia crece, el gobierno municipal sigue callando, y la población pagando las consecuencias.