Miguel Á. Martínez. Tlahuelilpan.- Productores agrícolas de la unidad de riegos Tlamaco-Juandhó, liderados por Rosendo Cruz Rufino, exigieron a los diputados federales que los temas relacionados con la siembra y cosecha del maíz sean declarados tema de seguridad nacional.
Dijeron que los asuntos que tienen que ver con la mayoría del campo mexicano (al menos un 70 por ciento), se regularizarían para bien de los agricultores y la economía del país en general, ya que se podría fijar un precio justo por el grano, además que los precios de la canasta básica se nivelarían a niveles adecuados.
En ese sentido, todos coincidieron en que un precio justo por tonelada de maíz sería de 10 mil pesos, ya que, en primera, no están pidiéndole limosna al gobierno y, en segunda, los precios de producción para ellos cada vez se encarecen más y más, a tal grado de que la siembra del producto ya no les genera ganancias, sino pérdidas.
Formularon una serie de peticiones entre las cuales se encuentran: mayor cobertura y menos restricciones en la compra del maíz a los productores por parte del programa de alimentación para el bienestar; aumento en la recepción de maíz a 12 toneladas y aumentar la compra a 10 toneladas de maíz por productor.
Asimismo, pidieron un rescate financiero a los productos del maíz ante la crisis del precio de las cosechas de 2025, antes de que el agro mexicano e hidalguense entre en una emergencia de la que ya no se pueda salir y, por último, analizar los costos-ganancias de las productoras de maíz nixtamalizado, así como industriales de México.
Sostuvieron que el campo está muriendo por falta de apoyo, demandando que los políticos dejen de utilizarlos para beneficios personales o de grupo y que, por el contrario, realmente piensen en el beneficio del pueblo porque si no el campo nacional se dirige a un desastre inminente.
Finalmente, se pronunciaron en contra de la acción de desalojo (bajo amenazas de denuncias por parte de personal de la FGR) de los campesinos que bloquearon la autopista Arco Norte desde el pasado lunes. Indicaron que no importa que el pequeño grupo de labriegos que optaron por el cerco vehicular hayan sido manipulados por un diputado federal (Asael Hernández), lo que no se vale es que los desalojen bajo la violencia y amenazas.