Miguel Á. Martínez. Atitalaquia. En entrevista, el abogado Jesús Eduardo García Pérez, representante legal del movimiento No al Basurero regional de Atitalaquia, reveló que la semana pasada, la agrupación inició ante instancias judiciales -sin precisar cuáles- una demanda colectiva contra quien resulte responsable de la contaminación, daños ambientales y a la salud de todo el municipio por la operación del complejo.
El litigante pormenoriza que, a raíz de que las autoridades han sido omisas ante la problemática, que derivó de la inauguración del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (CRTRSU), el 11 de enero pasado, se determinó acudir ya ante instancias impartidoras de justicia.
“A pesar de que tenemos razón al protestar por el funcionamiento del vertedero, que incumple con la menor normativa ambiental para instalaciones de esta naturaleza, nos hemos visto ignorados, por lo que ya hay que tomar otras acciones”.
García Pérez aseveró que personalmente es habitante de la colonia El Dendho, y, que, aunque esta se encuentra “algo” retirada del confinamiento, la instalación sí lo afecta, porque está encima de los mantos freáticos que alimentan de agua potable a gran parte de Atitalaquia y debido a que, a través del aire viajan las esporas contaminantes.
De hecho, dijo que, si otro habitante de la región Tula quiere sumarse a la demanda colectiva, está en todo su derecho de hacerlo, porque también se está viendo afectado, como consecuencia de los gases despedidos del relleno, mismo que, además está cerca de industrias dedicadas al proceso de alimentos.
“Los pobladores de toda esta zona que quieran añadirse a las protestas, a los bloqueos del basurero o la presidencia estarían en todo su derecho de hacerlo, sería legítimo, dado que también están siendo afectados”.
El defensor indicó que paralelo a la demanda colectiva, han interpuesto una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y un procedimiento ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Cabe recordar que, desde el 14 de enero, residentes de la demarcación han efectuado múltiples manifestaciones multitudinarias para exigir el cierre de lo que llaman basurero a cielo abierto, sin que, hasta la fecha, las autoridades de los tres niveles de gobierno atiendan su demanda, por lo que ya se adelanta la formulación de un amparo federal para evitar la operación del confinamiento.
El colectivo No al Basurero está en contra del funcionamiento del complejo por considerar que incumple con la normativa mínima ambiental para la operación de instalaciones similares, tales como la cercanía a núcleos poblacionales, menor a 1 kilómetro y la distancia de no más de 500 metros respecto a industrias de alimentos.
Los manifestantes informaron que desde hace dos semanas mantienen bloqueadas las instalaciones del centro regional de tratamiento.