Oliver García.- Rosario Robles Berlanga, quien estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio pasado, dejó el viernes la cárcel después de tres años; sin embargo, aún no se esclarece el destino de recursos desviados de sus dependencias, entre estos 185 millones 839.5 mil pesos triangulados por la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM).
Según la auditoría Forense16-0-15100-12-1792, encargada de la revisión de la cuenta pública 2016, el 2 de febrero de ese año, la institución suscribió con Sedatu un convenio (SEDATU/DGAPADN[1]UPFIM/33901.03/2016) para ejecutar un sistema informático (software) de automatización del registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, ubicado en Tlapa de Comonfort, Guerrero.
La UPFIM dijo contar con la capacidad para prestar el servicio, pero la ASF determinó que “de manera directa” la universidad no llevó a cabo ninguna actividad. No contaba con personal propio, por lo que contrató a dos empresas.
Sedatu pagó “indebidamente” 179 millones 544.30 mil pesos de con recursos del programa S273 Programa de Infraestructura. Los 6 millones 295.2 miles de pesos restantes, fueron solventados con la figura de Comisionado Habilitado a través de transferencia de una cuenta bancaría en lugar de la CLC –Cuenta por Liquidar– procedente, sin que la dependencia haya identificado, ni aclarado, con cargo a qué estructura presupuestal se aplicó el gasto, es decir partida, unidad responsable y programa presupuestal, así como las CLC con las cuales se transfirieron los recursos.
El director de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo dijo haber presentado una denuncia previa porque presuntamente falsificaron su firma y negó haber solicitado y validado los servicios. La ASF presumió entonces la simulación de documentación justificativa, convenios, actas de entrega y entregable
La auditoría no pudo constatar que el software correspondía al que estaba instalado en el centro Ciudad de las Mujeres, ni la base de datos con los beneficiarios, ya que no es posible extraer reportes o informes de la plataforma presuntamente desarrollada.
Además, el padrón registró de forma errónea la CURP, nombre de la persona usuaria, fecha de nacimiento, número de identificación, domicilio, entre otros; incumpliendo con lo establecido en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, de la Secretaría de la Función Pública.
La ASF detectó que a uno de los entregables sólo se le cambiaron las siglas de un proyecto desarrollado en previamente por Sedesol. No hubo evidencia de actividades como recopilación de documentación, visitas de reconocimiento y empatía con la comunidad, la revisión de indicadores, mapas, estadísticas e información general de las localidades en las que se pretendía aplicar el programa.
