Itzell Molina.- El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones del Ministerio Público para atender casos de violencia de género que lesionan a niñas y mujeres; además promover cursos de capacitación con carácter obligatorio y destinar recursos del Fondo Ministerial, para asesoría y consultoría en materia de procuración de justicia, derechos humanos y perspectiva de género.
Ericka Hernández, destaco que la violencia contra las niñas y mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y discriminación, pues en México como en todos los países, los principales factores determinantes de la violencia de género son las condiciones estructurales inequitativas y desiguales entre hombres y mujeres.
Afirmó que esta violencia tiene graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas y mujeres, por lo que constituyen serias violaciones a sus derechos humanos.
“A través de las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se busca que las instituciones de procuración de justicia cuenten con protocolos de investigación con perspectiva de género en los ámbitos ministerial, policial y pericial para casos de feminicidios y violencia sexual, primordialmente. Así como, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que, en casos de violencia sexual, las investigaciones deben: incluir una perspectiva de género”, explicó.
Con lo anterior, la priista, enfatizó, que se busca ampliar la perspectiva de actuación del Ministerio Público para erradicar de sus actuaciones todo tipo de discriminación y conducirse bajo la perspectiva de género en los presuntos delitos de violencia contra las mujeres e incluso atendiendo el interés superior de la niñez, cuando existan niñas, niños o adolescentes implicados.
Por lo que se propone que la capacitación sobre perspectiva de género sea de carácter obligatorio para el Ministerio Público y que se puedan destinar recursos del Fondo Ministerial para este fin, y para las asesorías que se consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar todos aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, principalmente.
“Desde el año 2015, la Procuraduría General de la República, diseñó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual, herramienta que establece las obligaciones que deben cumplir las y los servidores públicos como agentes del Estado, con el propósito es proporcionar una herramienta metodológica estándar y efectiva en la investigación de la violencia sexual”, añadió.