Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Damnificados de la inundación de 2021 y asociaciones civiles demandaron ser incluidas en la toma de decisiones respecto a los trabajos que se ejecutan en el río Tula, a fin de prevenir hechos de corrupción y negligencia que se cometieron en 2022, en la primera fase del Plan Hídrico a cargo de la Conagua.
Así lo expresaron los afectados luego de que el pasado martes, autoridades de los tres niveles sostuvieran una reunión a puerta cerrada para tratar temas de protección civil, que tuvieron que ver con las obras del río, la temporada de lluvias y las posibles anegaciones que se pudieron generar.
Antonio Barrera, habitante de la calle 3 Culturas de la 16 de Enero, una de las diez localidades afectadas por la emergencia, dijo que resulta inaudito que la sociedad civil no sea tomada en cuenta después de todo el desastre que dejó la inundación, además del ecocidio y las deficientes obras que se están haciendo, agregando que debe haber una contraloría que supervise la obra.
Al respecto, la agrupación Unidos por Tula externó que se debe actuar con total transparencia en el tema de lo que se está haciendo en el cuerpo de aguas residuales, sobre todo para prevenir una nueva anegación y evitar que las cosas se hagan con negligencia nuevamente, en detrimento del pueblo tulense.
Por ello, a nombre del colectivo, se exigió la apertura e inclusión al debate para la toma de decisiones, sobre todo porque de las autoridades sólo se tuvo abandono después de la emergencia y tuvo que ser la sociedad civil organizada y la iniciativa privada las que “levantaron medianamente a la ciudad”.
El pasado martes, en mesa de trabajo con los tres órdenes de gobierno, se establecieron medidas a seguir para evitar inundaciones en Tula de Allende y Tepeji del Río, además se dictaron las nuevas mediciones de alerta en cuanto a los niveles del principal afluente de la demarcación.