Juan Manuel Pérez.- La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que busca expedir el Senado de la República, debe considerar la mediación indígena de manera profunda y no solo enunciativa.
Esto consideró la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Nancy Gutiérrez Jiménez, durante una reunión celebrada entre senadoras, senadores y autoridades responsables de los Institutos y Centros de Justicia Alternativa del país.
A fin de abonar a la construcción de este ordenamiento, la titular del CEJA enfatizó que, al hablar del acceso a la justicia para todas y todos, no se puede dejar de lado a las comunidades y pueblos indígenas, sabedores que ellos tienen sus propias formas de resolver.
Recordó que desde hace 15 años el PJEH ofrece este servicio como derecho humano y, aunque no fue fácil porque no existía ninguna ley especial o mandato constitucional, se ofreció la mediación indígena y se llevó a cabo un proceso, para que no quedara solo en un programa o buena práctica, sino en un verdadero método alternativo de solución de conflictos que acercara a las comunidades.
Los resultados y el impacto que este mecanismo ha tenido en los pueblos y comunidades indígenas, han sido incluso reconocido a nivel internacional por la organización World Justice Project, que el año pasado nominó al proyecto como finalista en la categoría de «Acceso a la Justicia» para la competencia Challenge de este año.
En ese sentido, Gutiérrez Jiménez recalcó la necesidad de acercarse y escuchar a los pueblos originarios, tal como lo hizo el Poder Judicial de Hidalgo antes de implementar el modelo en la entidad, con la finalidad que no se sientan invadidos en sus usos y costumbres, pues de ello dependerá en gran medida la aceptación que generan hacia los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
En Hidalgo, la mediación indígena se lleva a cabo en la región Huasteca, Otomí-Tepehua y el Valle del Mezquital, con hablantes en náhuatl, otomí, tepehua y ñhañhu. En total, existen cinco facilitadores hablantes de lenguas indígenas que, en los últimos 15 años, han atendido 8 mil 775 asuntos.