Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- La creación del Consejo de Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública en Tula de Allende se mantiene entrampada entre acusaciones políticas, retrasos administrativos y creciente presión social.
A más de un año y medio del inicio de la administración encabezada por Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, el organismo sigue sin concretarse pese a que debió instalarse durante el primer mes de gobierno.
El tema volvió a tensar el ambiente en cabildo, luego que la fracción independiente denunciara la falta de voluntad para avanzar en el dictamen correspondiente.
La regidora Ivonne Ponce Sobrevilla indicó que la solicitud para incluir el punto en el orden del día fue ignorada, señalando que existe una sinrazón para frenar el análisis del tema y que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de bloqueo hacia propuestas impulsadas por la oposición.
La edila puso sobre la mesa el incumplimiento del resolutivo del amparo 817/2025, que obliga al ayuntamiento a discutir la creación del Consejo, y fue notificado desde junio del año pasado, acusando que el gobierno municipal ha dilatado su cumplimiento, lo que podría derivar en sanciones administrativas.
La presidenta de la comisión de Seguridad Pública, Aranza Paola Ramírez Sánchez, rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso se ha desarrollado conforme a los tiempos legales y se ha informado puntualmente a la autoridad judicial.
Negó que exista desacato y descartó cualquier riesgo de sanción para los integrantes del ayuntamiento, sostuvo que el dictamen no ha sido frenado, sino que continúa en análisis para evitar omisiones o inconsistencias.
Mientras el debate político se intensifica, la exigencia ciudadana se mantiene constantes.
El colectivo Por La Paz y La Dignidad ha presionado durante más de dos meses para que se concrete la creación del Consejo, y sus integrantes advierten que la inseguridad en el municipio no admite más demoras ni justificaciones.