Laura Elizabeth Trejo.- El Congreso local presentó un acuerdo económico que exhorta al órgano de gobierno de la Secretaría Técnica al Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo a restituir honorarios de los cinco integrantes el Comité de Participación Ciudadana, disminuidos de 28 mil a mil pesos mensuales, pese a que la normativa les impide desarrollar otras actividades laborales.
La propuesta fue presentada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México, María del Carmen Lozano Moreno durante el tiempo destinado a los asuntos generales. A este pronunciamiento se sumó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Citlali Jaramillo Ramírez.
A su vez, también solicitaron la revocación del nombramiento de la persona encargada del despacho de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, toda vez que el nombramiento careció de transparencia y legalidad.
La legisladora explicó que, tras haberse realizado la Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, el día 30 de marzo de 2023, el presidente del Órgano de Gobierno y del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Carlos Jiménez Martínez, en el punto de asuntos generales, convocó a una sesión extraordinaria para el día siguiente.
En esa reunión se tratarían dos asuntos: la disminución de los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y la destitución de la actual directora de Normatividad, Riesgos y Política Pública, Erika Celis Hernández, así como el nombramiento en su lugar de Gabriela Sánchez, que se considera irregular.
Al relatar los hechos, la diputada recordó que la justificación para disminuir el sueldo de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Hidalgo fue que no había trabajo de parte de algunos de los miembros de ese Comité, “sin embargo, no se presentó documento o información que acreditara tal afirmación, ni se permitió a los afectados el derecho de audiencia y ser escuchados ni presentar pruebas o alegatos”.
En este contexto, Citlalli Jaramillo Ramírez recalcó que el hecho se realizó de manera ilegal y representa una violación a los derechos de los afectados; además, recordó que el SEAH fue resultado de años de lucha, “recordemos que fueron más de 34 instituciones de la sociedad civil para recabar las más de 634 mil firmas e implementar este sistema”.
“Ante tales antecedentes subo a esta tribuna para defender la figura de la participación ciudadana”, enfatizó.