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    Estás leyendo:Home»Deslinde»*Conagua, intereses oscuros

    *Conagua, intereses oscuros

    21 septiembre, 2022 Deslinde
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    Alberto Witvrun.- El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Eleazar Saucedo Rojas no puede
    con las secuelas de las inundaciones en la región occidente del estado y el solo por
    intereses nada transparentes se genera un conflicto social en Huasca de Ocampo por
    beneficiar a un proyecto privado y afectar cientos de ejidatarios que están cerca de
    adoptar medidas radicales por el uso del agua de la Unidad de Riego San Carlos.
    Mediante un “dictamen técnico” de la representación Pachuca les recortaron al 50 por
    ciento el suministro de agua de la presa San Carlos lo que afecta a 500 productores
    agrícolas de diez ejidos de la zona que pueden perder sus cosechas y por consecuencias
    no tendrán para la manutención de sus familias que representan alrededor de 25 mil
    personas, sin considerar la baja en los consumos de sectores secundarios.
    Esta presa que es propiedad ejidal construida por el terrateniente español José Landeros
    colinda con el Rancho Santa Elena propiedad del empresario Roberto Campuzano, quien
    desarrollar un proyecto turístico que requiere cierto nivel de agua en la presa para lanchas
    y otros atractivos acuáticos, por lo que se redujo el volumen de agua para la agricultura,
    sin importar la afectación a los ejidatarios.
    El problema es que la presa desde 1936 en que le expropian los terrenos al terrateniente
    José Landeros se convirtió en propiedad ejidal, ahora bajo el argumento “técnico” de la
    Conagua condenan a perderse la producción de 500 hectáreas para beneficiar a un
    particular lo que ha tensado el clima social en la región porque los afectados no se
    quedarán de brazos cruzados.
    Lo ejidatarios presionan al presidente de la Unidad de Riego Armando Soto Fernández,
    pero la decisión viene del delegado de la Conagua Eleazar Saucedo Rojas, que sostuvo
    varias reuniones con el propietario del rancho Santa Elena previas al “dictamen técnico”
    que perjudica la producción agrícola y la economía de 500 familias.

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