Tepeji del Río.- Con la ausencia de los Ejecutivos locales quedó inaugurada la Asamblea regional de consulta a pueblos y comunidades indígenas para la postulación a cargos de elección popular, cuyos resultados serán tomados en cuenta para la reforma político – electoral que quedará aprobada en próximas fechas.
De acuerdo a la diputada local por el distrito XV, Noemí Zitle Rivas, señaló que era obligatoria la asistencia de los ediles y no de representantes, puesto que son ellos, los que toman las decisiones y no sus representantes, les reprochó que hayan desdeñado un evento histórico para el estado y el país.
La comunidad indígena de San Ildefonso de Tepeji fue la sede regional para la zona de Tula y se dijo que la consulta se llevaba a cabo de manera simultánea en siete distintos municipios como lo son: Huejutla, Molango, Zimapán, Ixmiquilpan, Tulancingo, Tenango de Doria y Tepeji.
Al emitir su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno y diputado local por Tula, Ricardo Baptista González, quien también asistió al evento advirtió que es hora de dignificar y dar la importancia que demandan las comunidades indígenas, y que por ello, se hace necesaria reglamentar su participación política.
Reveló que hasta el pasado viernes, eran 26 municipios los que habían autorizado la reforma para tomar en cuenta al sector indígena en las elecciones. Indicó que tienen que ser los propios pueblos indígenas quiénes digan al Congreso y autoridades civiles cómo y en qué quieren participar.
Por último afirmó que el Catálogo de Consulta Indígena contemplaba mil 4 comunidades y pueblos originarios en 31 municipios, pero que para la consulta de este lunes se alcanzaron los mil 200 asentados en todo el estado.
Las propuestas para la participación de los pueblos indígenas se recibieron en tres mesas de trabajo, las cuales tomaron en cuenta posturas para la elección de ayuntamientos por usos y costumbres, mediante partidos políticos y relacionadas con el hombre y la mujer indígenas, con la igualdad y la paridad de género respecto a los cargos públicos.
Por Miguel Á. Martínez