Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Esta tarde, un grupo de ciudadanos preocupados por la creciente inseguridad en Tula sostuvo una reunión para proponer acciones y estrategias para erradicar la creciente ola delictiva que se vive en el municipio, sobre todo de alto impacto.
Decenas de habitantes de Tula coincidieron en que se vive un abandono institucional por parte de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, pero sobre todo a nivel local, a lo que el alcalde Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz permanece omiso y ajeno.
Durante el encuentro, los asistentes señalaron que la estrategia de seguridad ha sido insuficiente, tardía o inexistente, lo que permite que la delincuencia se fortalezca en el municipio sin una respuesta efectiva de las autoridades.
Uno de los planteamientos que más respaldo generó fue el de retomar esquemas de vigilancia comunitaria, como el que, según el exregidor Hugo Jiménez Flores, funcionó años atrás en Santa Ana Ahuehuepan, donde la organización vecinal logró contener la delincuencia ante la ausencia de una intervención oficial eficaz.
Las críticas se centraron particularmente en la Policía Municipal, a la que acusaron de priorizar sanciones administrativas y acciones recaudatorias en lugar de atender delitos de alto impacto.
Asimismo, reprocharon la falta de intervención efectiva de corporaciones estatales y federales, cuya presencia, dijeron, no se traduce en resultados tangibles.
Los ciudadanos también cuestionaron la actuación del gobierno municipal 2024-2027, al que muchos calificaron como el peor de la historia, pues no ha logrado y ni siquiera intentado contener la crisis de violencia que atraviesa el municipio.
El reclamo cobra mayor relevancia ante el registro de al menos 92 muertes violentas (documentadas) o hallazgos de cuerpos en lo que va de la actual administración, una cifra sin precedentes en la historia reciente de Tula.
Ante este escenario, los asistentes advirtieron que buscarán organizarse legalmente para obligar al Ejecutivo local a atender la creciente problemática.
Uno de los mecanismos a instaurar para presionar al edil a atender el tema es la conformación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que la ley establece que todos los gobiernos municipales deben instaurarlo en los primeros tres meses de su gestión. En este caso, han transcurrido casi año y medio de gobierno y la figura no se ha instalado.