Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Mientras la administración municipal avanza en la remodelación del edificio de la presidencia, voces ciudadanas han planteado dudas sobre las prioridades en el uso de los recursos públicos, especialmente ante el contraste entre las obras administrativas y la necesidad de mejorar espacios públicos en beneficio general.
La segunda etapa de la remodelación de la alcaldía, correspondiente a la licitación MT-OP-I3-01-2025/FAISM, contempla la rehabilitación de sus oficinas y sanitarios con un presupuesto de 2 millones 306 mil 455.90 pesos.
Hasta el momento, el gobierno municipal no ha informado el costo total del proyecto, pues no se ha hecho público el monto correspondiente a la primera fase, lo que impide conocer el gasto acumulado de la obra.
De acuerdo con los exhortos 68 y 86 aprobados por el Congreso del Estado y adoptados por el propio ayuntamiento, el municipio está obligado a transparentar la aplicación de los recursos públicos bajo los principios del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Ambos mecanismos buscan garantizar un ejercicio presupuestal eficiente, legal y responsable.
Sectores de vecinos destacaron que no existe oposición a la dignificación de los espacios donde laboran las autoridades municipales, ya que la sede del Ejecutivo local no había recibido una rehabilitación mayor en décadas; no obstante, subrayan que existen obras prioritarias que requieren atención inmediata.
Entre ellas, pusieron como ejemplo el parque lineal de la calle Colegio Militar, ubicado a un costado del río Rosas, el cual, según los reportes, presenta abandono, deterioro y problemas de inseguridad. Este espacio, creado hace más de 20 años, podría destinarse al esparcimiento social y convertirse en un área segura y útil para la comunidad.
También se señaló la necesidad de avanzar en la reconstrucción de la arteria vehicular Colegio Militar, cuya mejora ha sido anunciada como proyecto, pero sin que hasta la fecha se registren avances.
Un sector importante de la población ha coincidido en que el gasto público debe orientarse prioritariamente a obras de beneficio social, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas conforme a la legislación estatal vigente.