Itzell Molina.- Para garantizar el efectivo ejercicio de la facultad Constitucional otorgada al Congreso de Hidalgo para hacer comparecer de manera personal y no por escrito a los Servidores Públicos Titulares de dependencias o directores y representantes legales de Entidades de la Administración Pública del Estado, a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y a las titulares de organismos autónomos, para que informen de los asuntos de su competencia, la bancada del Partido del Trabajo (PT) propuso una iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
A voz de sus compañeros, el diputado, Edgar Hernández Dañu dijo que se busca maximizar la protección del derecho de la Ciudadanía a la rendición de cuentas, es decir, a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados; implica también garantizar el cumplimiento de la obligación de los organismos públicos para responder por el inadecuado cumplimiento de sus funciones.
Además, recalcó que se pretende eliminar la posibilidad de que los servidores públicos evadan enfrentar los cuestionamientos directos de los Diputados quienes son los representantes del pueblo, y por consiguiente tienen la encomienda de vigilar los intereses inherentes a este.
Detalló que los Titulares de Dependencia o Entidad Pública, así como de lo Ayuntamientos, estarán obligados a comparecer el día, lugar y hora que se señale para tal efecto lo cual deberá hacer de manera personal no pudiendo delegar tal obligación en favor de algún subordinado o de ninguna otra persona o nombrar apoderado legal que lo represente; además deberán proporcionar la información que le sea solicitada en el término señalado.
El petista comentó que las Comisiones pueden solicitar de cualquier dependencia pública federal, estatal o municipal, los informes o copias de documentos que estimen necesarios para el mejor estudio de los asuntos, así como la comparecencia de servidores públicos siempre y cuando lo apruebe la Junta de Gobierno, salvo que se trate de informes o documentos que, conforme a la Ley, deben mantenerse en secreto.