Alberto Witvrun.- El gobierno de Mineral de la Reforma del morenista Eduardo Medécigo Rubio antes de
brindar apoyo a la familia de los cuatro asesinados el miércoles en Azoyatla, se apresuró a
difundir y filtrar entre los reporteros que el presunto multi homicida no era como se dijo
en las primeras versiones policía municipal, que había dejado la corporación y trabajaba
en una empresa de seguridad privada.
Unas horas después se confirmó que Marco Antonio “N” fue denunciado por Rosaura en
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que estuvo preso algo
así como 30 días entre octubre y noviembre de 2024 porque la jueza del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Hidalgo (TSHEH) Janett Montiel Mendoza, lo dejó en libertad,
pese a haber violentado a su ex pareja sentimental y lanzarle amenazas de muerte y
privarla de su libertad.
Otro factor que rodea el multihomicidio, es que la Secretaría de Seguridad Pública de
Mineral de la Reforma no reportó el caso y esto le permitió al ex policía emplearse en una
empresa de seguridad privada que no llevan control de a quienes contratan y muchas
operan irregularmente, por lo que de 23 supervisadas once recientemente fueron
sancionadas.
Este hilo de irresponsabilidades culminó con el feminicidio de Rosaura, su mamá, su papá
y su hermano, lo que como lo ha hecho en otras oportunidades Medécigo Rubio, no
tardan en considerarlo como un hecho aislado; solo que esta vez la indignación social
creció porque horas después también en Azoyatla, fueron encontrados los cuerpos de una
pareja de adultos mayores con signos de violencia.
En este mismo espacio ayer, se mencionaba la crisis de seguridad pública en Mineral de la
Reforma, el insuficiente personal apenas 202 policías y de equipamiento; la reflexión
obligada no es quien pagará por el multi homicidio, porque el presunto culpable fue
detenido, si no que autoridad o autoridades asumirán la responsabilidad por la cadena de
errores que condujo al asesinato de 4 personas de una misma familia.
