El segundo pleno extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Hidalgo, aprobó lo relativo a la política de alianzas para el proceso electoral local ordinario de Diputados y Diputadas locales 2020-2021, así como la Plataforma Electoral y la Convocatoria para el mismo proceso electoral.
En lo que respecta a la política de alianza fue aprobada con 38 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones de los integrantes del Consejo Estatal del Sol Azteca, donde se acordó impulsar un programa basado en compromisos de gobierno y legislativos que incluyan, como objetivos; la justicia social; el respeto, promoción y ampliación de las libertades democráticas y los derechos humanos; el combate a la corrupción y a la Impunidad.
En este sentido, el dirigente estatal del PRD, Héctor Chávez Ruiz, señaló que, en coordinación con la Dirección Nacional Ejecutiva, se deben de aprobar y suscribir los convenios de coalición electoral o candidatura común que se concreten.
Por su parte, Ricardo Gómez, representante del PRD ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), explicó que aunque se apruebe la política de alianzas, el panorama se ve complicado que se firme un convenio de coalición, toda vez que el plazo para ello fenece el próximo 23 de diciembre, y antes de ello debe aprobarse en el ámbito estatal, enviar a la dirección nacional para su ratificación, por lo que consideró que el escenario no es sencillo.
Aclaró que el documento es de conocimiento de la militancia que participa de manera activa en las actividades del partido político, y de no concretarse quedaría la posibilidad de candidaturas comunes.
Sin embargo, y de ser así sólo serían seis distritos, en cambio, en una coalición parcial se pueden alcanzar hasta ocho distritos, en una coalición flexible, 17; y en una coalición total serían los 18 distritos.
De la Plataforma Electoral, se destaca: la propuesta de reformar la Ley de Participación Ciudadana y que se profundice su contenido para armonizarla con la federal para agregar el plebiscito y la revocación de mandato.
Por Itzell Molina