El presupuesto, la ley, los programas y acceso a servicios públicos que destina el gobierno a sus poblaciones deben priorizar a los niños para no perpetuar la desigualdad que tiene consecuencias injustas y en ocasiones ilegales, defendió Ricardo Antonio Bucio Mújica, presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
Los indicadores de pobreza en el país evidencian que el 39% de los mexicanos es necesitado, sin embargo existen varios niveles de carencia que rezagan duramente a niñas, niños y adolescentes, expuso Bucio Mújica.
El número crece cuando la pobreza se segmenta por grupos de edad y condiciones étnicas, resultando así que, los infantes de 0 a 5 años en México sufran de condiciones de extrema miseria, sin acceso a nutrición, salud, seguridad social, vivienda, alimentación y educación.
La situación empeora en las comunidades indígenas, dónde el 70% de los niños viven estas carencias, y son las niñas indígenas las ultimas en esta escala que demuestra que el 94% de ellas vivirá en estas condiciones sin que el panorama pueda mejorar.
Aunque la Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes les dota de garantías por sí mismos sin que sean considerados propiedad de sus padres, en algunos estados del país aún se considera como derecho de los padres corregir con violencia a sus hijos como método educativo, señaló el activista.
Cabe destacar que en 2019 en Hidalgo quedó prohibido por ley el uso de violencia física con la derogación del párrafo cuarto, del artículo 142 del Código Penal de la entidad.
Por Eunice L. Rodríguez