Miguel Á. Martínez. Tula de Allende. El ataque armado por parte de un grupo de choque perpetrado la madrugada del miércoles contra las instalaciones de la fábrica de cementos La Cruz Azul, ubicada en Jasso, fue el tercero en menos de cinco meses, la acometida buscaba hacerse con el control de la planta que es considerada como la “joya de la corona” por los socios cooperativistas.
Desde hace cerca de 20 años, dos grupos de accionistas, siempre cambiantes, se han disputado la administración y las operaciones de una cementera, que, hasta el 29 de julio de 2020, Guillermo Billy Álvarez Macías, tuvo el control mayoritario, tras casi 30 años de imponerse en la dirección general del núcleo.
Sin embargo, para esa fecha, un juez federal radicado en la Ciudad de México (CDMX) giró una orden de aprehensión contra el ahora exmandamás, acusándolo de lavado de dinero y delincuencia organizada.
A la desaparición de Billy, un grupo presuntamente afín a este, que hoy tiene en control la fábrica situada en el sur de Hidalgo, inició la lucha por el control de La Cruz Azul, contra un grupo de socios encabezados por Víctor Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, conocidos como “la disidencia”.
El último par de personajes supuestamente se pronunciaban por la transparencia y luchaba porque la riqueza de la cooperativa volviera a los socios. Aun así, fueron culpados de los hechos violentos de ayer, que derivaron en la muerte de 8 personas y la destrucción parcial de la planta de Jasso.
Los dos intentos de tomas del control de la fábrica cementera se produjeron el 15 y el 18 de diciembre de 2021.
La primera acometida, fue efectuada mediante un ordenamiento de desalojo por parte de la fuerza pública (Policía estatal).
En aquella ocasión las fuerzas de seguridad se hicieron presentes con cerca de 350 elementos, quienes, sin embargo, se vieron repelidos por trabajadores de la empresa y población en general, simpatizantes de Federico Sarabia y Alberto Pozo. El segundo evento, ocurrió tres días después ya sin un ordenamiento, y se vio frustrado por las mismas circunstancias.
Presuntamente, las incursiones por la fuerza no han sido la única estrategia que los disidentes han utilizado para hacerse del control de la fábrica, sino que también se les acusa de actos de sabotaje, como el del pasado 22 de octubre del año pasado, en que intencionadamente vertieron químicos en el río Tlautla para pintarlo de azul y provocar así una sanción en términos medioambientales para los administradores de la cementera.