Jocelyn Andrade.- Con el voto en contra de la magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga, el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH) aprobó la creación de la Defensoría Pública de la Ciudadanía.
En sesión solemne y tras develar las letras de oro que establecen “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitraje”, se aprobó la iniciativa de crear la Defensoría.
Sin embargo, se creó la polémica con la magistrada Martínez Lechuga, quien argumentó que no veía viable la propuesta del presidente Leodegario Hernández Cortez, pues no había la suficiencia presupuestal, y algunos puntos los que consideró discriminatorios para ciertos grupos, a quienes no se les permitirá ser parte de la dependencia.
Al respecto, el magistrado presidente recordó que el presupuesto para esta dependencia será de los ahorros que se generarán por la disminución de su salario, la cual hizo pública al principio del año.
La Defensoría Pública de la Ciudadanía tiene como objetivo ofrecer servicios de asesoría para protección de los derechos político-electorales de grupos vulnerables, como adultos mayores, mujeres, jóvenes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas de la diversidad sexual y con discapacidad.
El magistrado presidente Leodegario Hernández disminuyó su salario mensual de 73 mil 207.13 pesos a 54 mil 889.10 pesos, cantidades que servirán para impulsar dicha defensoría.
“Se pretende que los grupos históricamente vulnerados: las mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans y más (LGBT+) tengan acceso a un abogado que pudiera llevar sus asuntos de manera especializada ante este órgano jurisdiccional, creo que es lo básico que podemos nosotros aportar a la vida democrática de nuestro estado y país”, recalcó.