Laura Trejo/Guillermo Bello.- La educación tiene el apoyo irrestricto del gobierno estatal, pero no se aceptarán chantajes, ni acciones que quiebren el Estado de Derecho, sostuvo el secretario de Educación Natividad Castrejón Valdez, ante la retención de autobuses por el Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, que dejó durante medio día sin transporte a más de 20 municipios del Valle del Mezquital.
Tras revelar que se invierten más de 50 millones de pesos en rehabilitar instalaciones de El Mexe y se cumplirá la reubicación del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte), que requiere de 66 millones de pesos, dijo se entregarán uniformes en dos semanas; estimó que no se puede hablar de pliego petitorio porque existen plazos establecidos.
Castrejón Valdez, precisó que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) está abierta al diálogo y su objetivo es educar con las condiciones para que en todos los niveles se eleve la calidad, pero cuando se vandaliza y quebranta la ley, interviene gobernación y la procuración de justicia.
Nadie, dijo el gobernador está por encima de la ley, para quienes la infringen el problema es un gobernador conocedor y respetuoso de las leyes que no va a permitir que en ninguna condición se trasgreda, menos cuando se afecta a la población.
Castrejón Valdez y el subsecretario Daniel Fragoso explicaron que se cumplen los plazos y la Luis Villarreal, estará funcionando con normalidad en diciembre y las autoridades educativas y el gobierno estatal no caerán en chantajes y harán respetar la ley.
Por su parte a bordo de autobuses “secuestrados” un centenar de alumnos llegaron a Pachuca donde señalaron que “realizan acciones radicales, porque el gobierno no nos voltea a ver, esto durante la protesta frente a la Palacio de Gobierno.
Los normalistas entregaron un documento al director de gobernación Ricardo Bravo, en el que expresan su inconformidad por el incumplimiento de acuerdos para mejorar las condiciones de la comunidad estudiantil, también reprocharon que no se inició la construcción del internado el 28 de agosto, no se cumplió con la compra de transporte ni con la instalación de un comedor y la entrega de uniformes.
“La demora y el incumplimiento de los compromisos asumidos genera suspicacias entre los estudiantes, por ello nos vemos en la obligación de hacer valer nuestros derechos”, señalaron.