Alberto Witvrun.- La detención de unidades piratas de Autobuses del Valle del Mezquital (AVM), la
prestación del servicio en zonas urbanas con permisos federales, competencia desleal al
transporte estatal, el otorgamiento de operación temporal del Tuzobus y la concesión por
cinco años de la ruta Téllez-Hospitales al propietario del consorcio Lusa, S. A. de C. V.
ubicada en Zumpango, Estado de México convierten a su principal accionista Luis Javier
Ancona Luna en el nuevo Zar del Transporte en Hidalgo.
A Joaquín García Gutiérrez quien hasta 2019 ostento ese título le llevó tres generaciones
crear un imperio en el transporte público de pasajeros y mediante una operación opaca
apoderarse del Tuzobus a través de la empresa Corredor Felipe Ángeles comprando
acciones a socios que retiraron unidades colectivas para la creación de este transporte
masivo.
Cuando el gobierno estatal gana en 2021 en tribunales a Joaquín García y adquiere el
parque vehicular del Tuzobus, otorga contrato de operador temporal a Líneas Urbanas y
Suburbanas de Pachuca y la concesión de la ruta Téllez-Hospitales a quienes fueron socios
de Corredor Felipe Ángeles, que al inicio de esta administración sufre competencia desleal
de Lusa que regresa a prestar servicio en zonas urbanas, con permisos federales.
La crisis en esta ruta conduce a que Banorte embargue las unidades la madrugada del 1 de
marzo; no les quitaban los autobuses que guardaron en instalaciones de la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot), cuando habían concesionado por segunda ocasión la ruta
el 28 de febrero a Luis Enrique Ancona por cinco años, cuando primero debieron revocar
la primera concesión, procedimiento que se aplicó al Tuzobus, que hoy opera Ancona
Luna, sin inversión alguna porque el parque vehicular es propiedad del gobierno, en lugar
de concesionarlo por licitación.
Los concesionarios originales de la Téllez-Hospitales utilizan vías legales y de diálogo para
recuperar la ruta, pero la Procuraduría General de Justicia (PGJEH) aceptó en segunda
instancia la denuncia ante la insistencia del representante legal de los afectados, Javier
Contreras quien estima que existe Uso Indebido de Atribuciones y Facultades y debe
proceder la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
