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    *Alcaldes, lista negra

    7 noviembre, 2022 Deslinde
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    Alberto Witvrun.- Algo urgente tendrá que hacer el responsable de la política interna del gobierno estatal
    Guillermo Olivares Reyna para contribuir a que los presidentes municipales pongan orden
    y se sumen a una estrategia estatal de seguridad pública, que aún no esta bien definida
    por parte del secretario Salvador Cruz Neri porque la violencia esta creciendo en varias
    municipalidades.
    La lista de alcaldes que enfrentan problemas no se circunscribe a los trece que recibieron
    recursos extraordinarios para desviarlos a través de empresas fantasmas o factureras sin
    realizar los trabajos “contratados” o los equipos, hay en términos impacto negativo a la
    población otros más graves como lo es la seguridad, mientras se registran “venciditas”
    entre el encargado de la Procuraduría General de Justicia Santiago Nieto Castillo y Cruz
    Neri.
    Salvador Cruz Neri, hijo de un ex presidente municipal de San Bartolo Tutotepec tiene
    trayectoria como policía, ya que formó parte de la Federal de Caminos y se ha
    desempeñado en esta área en otros estados del país con señalamientos negativos que
    nunca fueron probados y, bien sabe que no es nueva la presencia de delincuencia
    organizada en el estado, pero al igual que su antecesor Mauricio Delmar Saavedra, intenta negarla o minimizarla.
    Lo cierto es que las ejecuciones han aumentado y la inseguridad en municipios como
    Tizayuca, Ixmiquilpan, Cuautepec de Hinojosa, Tepeapulco, Zimapán y Tula de Allende van
    a la alza lo que es sumamente preocupante y debe establecerse una estrategia para
    inhibir a todo tipo de delincuencia; más cuando reportes de inteligencia asocian a ex
    presidentes municipales con organizaciones criminales.
    Y ahora Guacamaya Leks hace lo mismo con el alcalde de Cuautepec de Hinojosa y con el
    jefe político de la presidenta de Ixmiquilpan Vicente Charrez Pedraza, de asociarlos a
    grupos delincuenciales por lo que empieza a volverse más que urgente un política pública
    y una estrategia de coordinación real con las corporaciones municipales y federales para
    inhibir a la delincuencia..

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