Tula de Allende. Ayer, en el marco de la segunda sesión extraordinaria de Cabildo, el ayuntamiento acató la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), y modificó el punto 7 del primer encuentro de la Asamblea municipal, mediante el cual se le autorizó al alcalde Manuel Hernández Badillo firmar convenios y contratos sin requerir del aval regidores y síndicos.
La instancia impartidora de justicia, se pronunció sobre el tema, luego de que, el 21 de enero, el regidor Octavio Magaña Soto interpuso el juicioTEEH-JDC-338/2020 para la protección de sus derechos político – electorales como regidor del ayuntamiento tulense.
Desde el 17 de diciembre -en que se dio la autorización al Ejecutivo para omitir consultar al Cabildo al firmar un convenio o contrato- Magaña Soto se inconformó al considerar que la anuencia otorgada, por mayoría de votos, se prestaba a que hubiera “de poca transparencia” como en los dos anteriores gobiernos municipales, presididos por Jaime Allende y Gadoth Tapia, respectivamente.
Sin embargo, la autorización se logró por mayoría, con 15 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, por lo que, ante ese escenario, el también excandidato a la alcaldía por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró ingresar el juicio ante el Tribunal.
Sobre la cancelación, el alcalde Manuel Hernández Badillo, dijo que le parecía correcta la sentencia del TEEH, por lo que su gobierno la acataría con gusto: “después de todo es una medida que abona a la transparencia”.
La resolución del caso se dio emitió el mismo día que se ingresó el recurso, el tema fue expuesto por el magistrado Leodegario Hernández Cortés.
De esta manera, a partir de ayer, todos los convenios y contratos que efectúe el presidente municipal con instituciones de gobierno o particulares deberán ser aprobados por la mayoría de integrantes de la Asamblea.
De hecho, ayer se dieron los dos primeros casos, puesto que se autorizó por mayoría de votos que el ayuntamiento se publicitara en dos medios de comunicación locales, sin embargo, la oposición cuestionó que no hubiera licitación en ellos y que uno no fuera de real impacto entre las audiencias.
Al respecto, algunos ciudadanos se pronunciaron en redes sociales y consideraron que se le dio convenio al medio informativo como un pago político y como una forma de tener «quieto» a su propietario.
Por Miguel Á. Martínez