Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Delegados auxiliares de diversas comunidades que asistieron a la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tula (Copladem), denunciaron que las obras 2023 que pretende ejecutar el ayuntamiento son imposiciones, y no prioritarias para sus representados.
Los regidores Ricardo Baptista González y Evangelina López Cornejo, coincidieron con los representantes vecinales, al comentar que las obras de este año no fueron consensuadas con la ciudadanía, sino imposiciones y ocurrencias del presidente.
Una vecina de la calzada Melchor Ocampo, condenó que la alcaldía no hubiera apoyado en nada a los afectados por la inundación de septiembre de 2021, y que a estas alturas, no se haya reparado ni el drenaje. La residente se vio apoyada por Jorge Nieto, avecindado en la calle Manuel Doblado, quien dijo que la autoridad local “no les ha ayudado a ni madre”.
Aremy Vargas Alquicira, quien fungió como delegada de la Nueva Santa María en 2022, acusó que la mayor parte de las comunidades no existen para la administración municipal, pues la obra pública se concentra sólo en siete u ocho de las 54 localidades, entre ellas, Macuá, Xochitlán, Santa Ana Ahuehuepan, San Francisco Bojay y Bomintzhá, afines al edil.
Lo más grave, sostuvo, es que a los delegados se les hizo firmar peticiones para obras “prioritarias” que las autoridades auxiliares no hicieron, como en el caso de su comunidad, en que pretenden hacer una barda y una ampliación de vivienda, sin que esas sean una necesidad de la localidad.
Dijo que el verdadero requerimiento de la Nueva Santa María es la conclusión del asfaltado de una carretera que conecta con las colonias 61 y 62, para desembocar en El Carmen, a la altura de Galaxias y Las Violetas.