Miguel Á. Martínez. Tula de Allende. Tras los hechos violentos que se vivieron la madrugada de este miércoles en la planta de cementos La Cruz Azul, ubicada en Jasso Hidalgo, el abogado del núcleo cooperativo, José Luis García Miranda, acusó falta de voluntad de los tres órdenes de gobierno para ayudar a resolver el conflicto que priva en la empresa, y que derivó en la muerte de 8 personas.
En conferencia de prensa, el litigante, acompañado por representantes de los consejos de administración y vigilancia encabezados por Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, respectivamente, denunció la falta de intervención en la problemática de los tres órdenes de gobierno.
El abogado consideró que, de haber resuelto los múltiples recursos legales que se han iniciado desde hace aproximadamente 15 años, eventos sangrientos y con pérdidas de vidas humanas como el de la madrugada de este miércoles no habrían ocurrido. Aseguró que ellos ya habían advertido a las autoridades, pero que no hicieron nada.
En este sentido, Alberto López, indicó que tan evidente es la omisión de los gobiernos, que, durante el ataque, que se prolongó durante al menos una hora, no hubo presencia de fuerzas de seguridad de ninguno de los tres niveles: “fue hasta 3 horas después de lo sucedido que la Policía estatal se presentó en la subestación eléctrica”.
Asimismo, responsabilizó por la violencia perpetrada y las muertes generadas a la parte disidente de la empresa encabezadas por Víctor Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, quienes se autonombran presidentes de los consejos de administración y vigilancia respectivamente.
Condenó que hasta ahora el llamado a las autoridades para resolver el conflicto por la vía pacífica no haya tenido eco, lo que demuestra una vez más que la justicia en México no es pronta ni expedita y que además está al servicio de las partes que ofrezcan más dinero.
Finalmente, Humberto Tapia, secretario del consejo de administración, señaló que la totalidad del núcleo cooperativo se encuentran consternada, enojada y lastimada al darse cuenta de que los tres niveles de gobierno han ignorado y dejado escalar la problemática hasta estas alturas, en que ya hubo derramamiento de sangre y se perdieron vidas.
Mientras tanto, a través de un comunicado, los consejos de administración y vigilancia encabezados por Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, confirmaron la cifra de fallecidos, hasta el momento ocho lamentables decesos.
Lo anterior pese a que, al mediodía, en conferencia de prensa, aseguraron que, hasta el momento, sólo habían detectado a un trabajador sin vida dentro de la empresa: “se trata del hijo de un socio cooperativista y trabajador en activo”.
Los cuerpos de los primeros muertos fueron depositados por personas desconocidas a un costado del puente adjunto a la puerta 3 de la cementera, el cual conecta a la carretera Cruz Azul – Monte Alegre.