Juan Manuel Pérez / Jocelyn Andrade.- Petróleos Mexicanos (Pemex) conocía el riesgo que representaban las tomas clandestinas en San Primitivo, Tlahuelilpan, antes de la explosión ocurrida el 18 de enero de 2019, afirma un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentado seis años después del suceso que cobró la vida de 137 personas conocido como el “Martes Negro”
La CNDH atribuye la tragedia a omisiones por parte de Pemex, al no haber tomado medidas para mitigar los peligros derivados del almacenamiento y transporte de hidrocarburos.
La empresa paraestatal, según el documento, dejó sin aplicar protocolos de prevención y no atendió los lineamientos de diligencia que exigen la legislación nacional en materia de derechos humanos y medio ambiente.
El documento, presentado 22 de junio, acusa a la empresa estatal de operar con sistemas deteriorados y tecnología obsoleta, insuficiente para detectar y atender de manera oportuna las tomas clandestinas de hidrocarburos y en la evaluación se detectó que el gasto público derivado de la emergencia superó los 85 millones de pesos; a pesar de ello, no se identifican medidas específicas de Pemex orientadas a reparar daños materiales, sociales o ambientales y las personas lesionadas, así como las familias afectadas, no cuentan con un mecanismo de atención integral.
La Comisión exigió a Pemex coordinarse con las dependencias federales, el Gobierno de Hidalgo y el municipio de Tlahuelilpan para establecer un programa de remediación, que debe integrar la participación de la población local y contemplar medidas que garanticen la memoria de las víctimas, así como acciones para recuperar la zona afectada.
El informe concluye que el Estado Mexicano incumplió su deber de proteger los derechos humanos; Pues la falta de atención a las víctimas, la inacción frente a un riesgo previsible y la ausencia de un plan de recuperación del suelo representan, según la CNDH, un patrón de negligencia institucional que mantiene a las comunidades en el abandono.
La CNDH advierte que Pemex ha priorizado la clausura de tomas irregulares sin adoptar medidas preventivas efectivas frente al creciente fenómeno del huachicoleo está obligada a prevenir accidentes, garantizar los derechos hum cuando está obligada a remediar los daños cuando estos ocurran”, puntualiza el informe.
También critica la ineficacia del llamado Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, que desde 2018 ha involucrado a fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.