Erick Morales.- Ante las marcadas diferencias salariales y carencias laborales que enfrentan los cuerpos policiales municipales en Hidalgo, la diputada Mónica Leanett Reyes Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, presentó junto con ocho diputados de la LXVI Legislatura una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del estado con el objetivo de garantizar un salario digno y acceso a servicios médicos de calidad para los elementos de seguridad.
Reyes Martínez comentó, respecto a la diferencia de iniciativas presentadas sobre este rubro en legislaturas anteriores que no prosperaron, que esta vez impulsará un trabajo coordinado con los municipios para lograr que la propuesta avance en el Congreso. «Estaré luchando para que esta iniciativa pase. Los municipios cuentan con rubros específicos en seguridad. Si los policías cuentan con un salario digno, su trabajo será más eficiente», declaró.
«Aunque los mandos son coordinados, los temas administrativos dependen de los municipios; por eso estamos incluyendo esta atribución directamente para los presidentes municipales, considerando recursos como el FORTAMUN”.
Actualmente, los sueldos de los policías municipales en Hidalgo oscilan entre los 3,700 y los 11,000 pesos mensuales, mientras que la reciente reforma al artículo 123 constitucional establece que los policías deben ganar, al menos, lo equivalente al salario promedio registrado ante el IMSS, que ronda los 16,000 pesos.
La iniciativa también plantea que los policías tengan garantizado el acceso a servicios médicos adecuados, al señalar que, si bien algunos elementos cuentan con seguridad social, no todos tienen cobertura integral ni protección frente a emergencias médicas.
En el contexto de recientes movilizaciones sociales y el sentimiento de una parte de la ciudadanía en lo que podría ser calificada como abusos policiales, Reyes Martínez también destacó la necesidad de fortalecer la formación en derechos humanos. Afirmó que trabajará en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública para evitar violaciones a derechos y posibles sanciones legales contra los elementos.