Alberto Witvrun.- Cifras oficiales indican que a partir del arribo en 2012 de la cofradía Charrez Pedraza los
indicadores delictivos registran una espiral ascendente, al grado que se contabilizaron en
el segundo gobierno municipal de los originarios de Villa la Paz medio centenar de
homicidios dolosos y desde el primero apareció la delincuencia organizada que genera
temor en la población.
Coincidencia, coyuntura o condiciones, lo cierto es que en esta docena de años la violencia
acompaña a los hermanos Cipriano, Pascual y Vicente, baste el señalamiento público del
gobernador Omar Fayad Meneses ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en la
inauguración del C5i de que Pascual estaba vinculado al grupo Los Hades.
Y apenas aparece un ejecutado de los que van 67 en el gobierno de Araceli Beltrán
Contreras que obedece a los intereses de Vicente; se les trata de relacionar directa o
indirectamente; ahora mismo se dice que a Beltrán Contreras, la recibieron con el ataque
al Jetset donde hubo tres muertos y dos mujeres encajueladas y ahora la despiden con
tres asesinados en el ataque al Ginza.
Violencia e inseguridad no es solo responsabilidad de los gobiernos municipales, es
materia de política interior y seguridad pública estatal, también federal por lo que implica
Ixmiquilpan, centro neurálgico político, económico y social del Valle y del Alto Mezquital
dónde habita más de la cuarta parte de la población de Hidalgo.
La llegada del primer gobierno municipal morenista de origen y el tercer año del primer
gobierno estatal no priista en nueve décadas requiere de políticas públicas y estrategias
sociales y de seguridad que devuelvan estabilidad social y política a todo el Mezquital
para que inicie una buena etapa el 5 de septiembre.
