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    Estás leyendo:Home»Deslinde»*Pontigo, otro “petista” en problemas

    *Pontigo, otro “petista” en problemas

    24 abril, 2024 Deslinde
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    Alberto Witvrun.- El candidato a diputado local por el XIII Distrito Adolfo Pontigo Loyola, uno de los dos ex
    rectores que buscan un cargo de elección popular bajo las siglas del Partido del Trabajo,
    por órdenes de su jefe Gerardo S. C. está cerca de verse envuelto en problemas legales
    porque la Auditoria Superior de la Federación (ASF) observó a su administración en la
    Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) un faltante de mil 347.8 millones de
    pesos entre 2018 y 2022.
    La información proveniente de la ASF que publicó un diario de circulación nacional deja
    mal parado a Pontigo Loyola, porque de no aclararse este faltante o desvío de recursos
    estaría enfrentando un proceso penal en las siguientes semanas si el organismo
    fiscalizador determina de acuerdo a los tiempos y plazos legales presentar una demanda
    ante la Fiscalía General de la República (FGR).
    Adolfo Pontigo es el único del llamado Grupo Hidalguense de Desarrollo Integral auto
    llamado grupo universidad en los ochentas ahora Clan Sosa que alcanzó la rectoría de la
    UAEH a pesar de que en las épocas estudiantiles tuvo siempre una relación áspera con
    Gerardo S. C., pero soportó toda clase de presiones lo que le permitió llegar en 2017 a la
    rectoría, aunque su salida adelantada de la rectoría no fue tersa.
    Ahora a la orden del jede del clan, no sólo se registró como candidato a diputado federal,
    lleva como suplente a Gerardo Sosa Martínez, hijo de Agustín Sosa Castelán, secretario
    general del Sindicato de Personal Académico (SPAUAEH) lo que demuestra otra vez su
    sumisión a este grupo formado en los ochentas para apoderarse de la UAEH, lo que no
    evitarán las acciones legales que pueda tomar la Auditoría Superior de la Federación y
    subtitular David Colmenares.
    En las siguientes horas puede registrarse una aclaración o bien siguiendo la línea trazada
    desde Valle de Cáceres continuar con la narrativa de que por ser candidatos petistas son
    objeto de persecución política, aunque en este caso de no aclararse, no es el gobierno
    estatal, es el órgano fiscalizador del Congreso de la Unión.

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