Juan Manuel Pérez.- Para el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, encabezado por la magistrada presidenta Rebeca Aladro Echeverría, prevenir y atender la violencia en contra de mujeres y niñas es una prioridad.
Por esa razón, juezas y jueces en materia familiar emitieron en el primer semestre de este año un total de dos mil 435 órdenes de protección, es decir, un promedio de 13 solicitudes por día, para proteger a víctimas por delitos de género.
La jueza en materia familiar, Erika Acuña Reyes, explicó que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, en su artículo 24, precisa que estas órdenes deben ser de urgente aplicación, en función del interés superior de la víctima, y deben otorgarse de oficio o a petición de parte, es decir, que pueden ser solicitadas por la propia mujer en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con la narrativa de los hechos.
“Por ejemplo, a veces nos narran una situación de violencia, pero no nos piden la orden, entonces nosotros tenemos la obligación de revisar el escrito y, si vemos que existe alguna situación de violencia, dictaminar la medida que resulte más conveniente para la protección de la mujer y sus hijas e hijos”, abundó.
De acuerdo con la jueza, las órdenes de protección más recurrentes son la prohibición de acercarse a la víctima y sus hijas o hijos, la desocupación de la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, la obligación alimentaria, el embargo preventivo de bienes de la persona agresora y la suspensión temporal de la persona agresora del régimen de visitas y convivencias con sus descendientes; no obstante, la ley contempla una larga lista de medidas para brindar una protección integral a la víctima.
En ese sentido, Acuña Reyes destacó la importancia de detallar en los expedientes judiciales todas las circunstancias vividas por las víctimas de violencia de género, con la finalidad que las y los juzgadores cuenten con la información necesaria para advertir estas vulneraciones y emitir las órdenes de protección correspondientes, con la confianza de que siempre serán apegadas a derecho, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.