Laura Elizabeth Trejo.- La presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia, Erika Rodríguez Hernández, presentó un acuerdo económico cuyo objetivo es prevenir, atender y sancionar las redes de abuso sexual infantil en las escuelas, lo que ha sido documentado por la Oficina de la Defensoría de los Derechos por la Infancia.
Ante el pleno del legislativo, la legisladora recalcó que, a nivel local, esta propuesta tiene carácter preventivo pues si bien hasta el momento ocurre en otros estados, “no vamos a permitir la complicidad, impunidad, obstrucción y el silencio de las niñas y niños, tenemos que actuar para evitar estas conductas”.
A través del documento titulado “Es un secreto: la explotación sexual infantil”, señala que niñas y niños han sido víctimas de violencia sexual organizada en escuelas mediante redes en las que están involucrados intendentes, maestros y directores que utilizan cámaras durante el abuso, sedantes, juegos y rituales.
El objetivo es exhortar a diferentes dependencias del Gobierno Federal y fortalecer los protocolos para la prevención de violencia sexual en las escuelas, se investiguen y atiendan con prontitud las denuncias de abuso sexual contra estudiantes de escuelas prescolares y primarias, públicas y privadas del país.
Los exhortos fueron dirigidos específicamente a la Secretaría de Educación Pública Federal, Fiscalía General de la República, Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana.
Detalló que los casos identificados son notablemente distintos de los miles de lamentables casos de abuso sexual infantil cometidos por un maestro en contra de alumnos. Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar.
La diputada destacó que la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia dio a conocer una red de explotación sexual infantil en escuelas que se ha incrementado, ante la indiferencia y negligencia de la SEP.
“En una entrevista con Mariana Gil, directora de ODI, destacó que desde mayo de 2021 a la fecha la SEP ha guardado silencio frente a los 21 casos que reportó la ODI tanto en el Informe ‘Es un secreto’ en mayo de 2021, como en su actualización en enero de 2022. En 24 de los 25 casos se documentan actos de encubrimiento por parte de las autoridades educativas”, detalló.
Estos abusos fueron cometidos en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila y Baja California.