Por Rogelio Hernández López
Aquella mañana del 11 de abril el veterano reportero tenía miedo. Lo dejaron solo en el estrado para
exponer a ochenta representantes de 30 gobiernos estatales la evolución de las instancias de protección
para periodistas en riesgo. Temía no poder convencer y peor aún: irritarles.
Escudriñaba los rostros serios de quienes llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.
Pero nadie interrumpió, ni se salió. La parte que invocó más silencio y atención fue cuando ofreció los
datos del desmadre de leyes que buscan proteger y/o beneficiar a sus colegas.
Al final el reportero les solicitó también que estuvieran atentos a las dos cámaras del Congreso de la
Unión ante la posibilidad de que en este periodo de sesiones aprueben la reforma al artículo 73
constitucional para que se pueda crear una ley general de prevención y protección, con ello derogar la
actual de alcance solo federal y, de paso, comenzar a difuminar el caos jurídico actual.
La concentración de funcionarios se denominó Encuentro Nacional de Autoridades para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El reportero leyó con nerviosidad cada parte de
su exposición y llegó al tema de las legislaciones. El fragmento es el siguiente:
Ley federal y mecanismos, caducos
“En los años 80, no había ninguna instancia confiable del Estado mexicano que protegiera o le diera
garantías justicia a un periodista amenazado, acosado, agredido por hacer su trabajo. De 1982 a 1988
durante el sexenio de Miguel de la Madrid fueron asesinados 33 periodistas, la mayoría en los estados de
la República y salvo el caso de Manuel Buendía, en ningún otro se investigó efectivamente.
“Mujeres y hombres periodistas, al principio muy pocos, comenzaron a presionar para obtener garantías
que les permitan ejercer con seguridad. También por eso, paulatina y descoordinadamente se han ido
reconociendo algunos derechos para ejercer el periodismo de los 14 derechos que, en promedio, son
reconocidos internacionalmente.
“Sin embargo el avance fue muy lento y en contracara aumentaron sus índices de agresiones y asesinatos.
Fue hasta 2012 cuando se promulgó la ley federal y nació el Mecanismo (federal) de protección para
personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
“Esta ley y su instrumento sí fueron como una especie de parteaguas, pero ambos ya están rebasados, ya
no pueden enfrentar solos el fenómeno criminal.
“Después de la ley federal, por actividad creciente, movilizaciones y promociones de periodistas y
personas defensoras de derechos humanos se desató un ciclo de creación de leyes en los estados, unas de
promoción, otras de protección y unas más de protección con derechos profesionales. Pero también otras
que antes no limitaban o amagaban al ejercicio periodístico”.
El desmadre legislativo
“El resultado general fue un desmadre por la diversidad de enfoques, definiciones y propósitos. El 31 de
agosto de 2015, desde la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) advertimos en documento público
cómo crecían las incoherencias legales. Reportamos que ya había una ley federal y 20 leyes estatales que
pretendían fomentar o proteger al periodismo; que 29 iniciativas vinculadas esperaban ser dictaminadas.
“En ese año detectamos que el código penal federal y cinco estatales hacen punibles los agravios contra
periodistas y a medios de información; igual supimos que para fomentar el ejercicio con recursos públicos
había 3 leyes estatales (y en 2022 se agregó un decreto presidencial para asegurar a periodistas
independientes); sobre el derecho al secreto profesional había entonces 5 leyes estatales y una norma
federal; y de protección con derechos había cuatro leyes estatales;
“Pero siguió esa tendencia y lo peor es que no se frenó el ciclo de agravios y asesinatos. La realidad no se
modifica con la mera existencia de leyes.
“Ese caos jurídico lo documentaron muy bien los especialistas de Propuesta Cívica, en su estudio Libertad
de Prensa ¿Cómo se legisla en México? que presentaron el 22 de abril de 2022 en el Senado de la
República con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras.
“En la materia de protección encontraron una Ley federal; 12 leyes vigentes sobre protección a
periodistas: cinco leyes vigentes relacionadas con las personas periodistas que no desarrollan propiamente
mecanismos de protección ante situaciones de riesgo; tres acuerdos que crean Unidades Estatales de
Protección; y seis iniciativas recientes de leyes de protección.
“Se identificó –aseguran los autores de ese informe–, que las legislaciones estatales no cumplen
realmente con los estándares mínimos nacionales e internacionales…por lo que se concluyó que una de las
barreras más importantes actualmente para proteger los derechos de las personas periodistas en México es
justamente que en las jurisdicciones estatales las leyes son deficientes, cuando las hay, y que en algunos
otros casos ni siquiera ha existido un compromiso real de los poderes locales…”
Lograron también identificar las incoherencias de leyes en materia civil, penal, laboral y de protección
“que impactan de manera negativa la libertad de prensa en México y ponen en riesgo la actividad
profesional de periodistas.”
“Al momento de la investigación, observamos con preocupación que aún existen Códigos penales
estatales que tipifican alguna de las formas conocidas de delitos contra el honor (injurias, calumnias o
difamación). Estados como Nuevo León, Yucatán, Zacatecas, Campeche, Sonora y Michoacán cuentan
con legislaciones penales que contempla este tipo de delitos…
“En materia laboral. El principal problema encontrado es el grave vacío legislativo de las leyes mexicanas
en materia de derechos laborales de periodistas… Por otro lado, se encontró de manera preocupante que 5
estados cuentan con leyes que establecen como requisito contar con título o cédula profesional para ejercer
el periodismo.
“Hasta ahí esa actualización del caos legislativo, un sinfín de leyes e iniciativas con buenas intenciones
pero sin la coherencia necesaria y mucho menos efectividad para frenar agresiones y asesinatos. Un
auténtico desmadre legislativo.
“A pesar de todo eso, al Mecanismo Federal se le cargó el mayor número de acciones de protección y está
desbordado. Eso lo argumentan mejor sus responsables.
“Pero la mayor evidencia de que faltan hechos y coherencia de los entes del Estado mexicano es que
continuó el largo ciclo de asesinatos. En 2023 se registran tres personas victimadas pero aún ignoramos si
lo fueron por causa de su profesión.
¿Qué esperar?
“En resumen de este punto: también para atajar el caos legal y encontrar un solo sentido y coherencia al
desmadre del andamiaje jurídico es indispensable una visión de Estado para el diseño de un sistema
nacional de prevención y protección y la piedra de toque sería, probablemente, una ley general.
“Con mucha más ilusión que objetividad presumo que vienen otros pasos posibles:
“Que la propuesta de reforma constitucional para poder legislar una ley general para la protección integral
de ambas actividades que aprobó la Cámara de Diputados sea ampliada en el Senado con visión de Estado
para declarar que la actividad profesional de personas defensoras y periodistas son del interés público y
por lo tanto deben contar con la protección del Estado y con derechos para ejercer su labor.
“Que esa reforma constitucional sea aprobada por todas las fracciones parlamentarias tanto en el Congreso
de la Unión como en todos los congresos estatales.
“Que la iniciativa de ley general perfile ese sistema nacional de protección integral con énfasis en la
prevención.
“Que en esa ley general se desaparezca al mecanismo actual con sus rasgos cautelares y para policiacos y
se convierta en una instancia nacional coordinadora de varios motores, entre otros una red nacional de
monitoreo para reacción rápida ante amenazas.
“Que la ley General faculte a su instancia nacional para que, en su énfasis preventivo, promueva un
andamiaje legal más coherente tanto en la federación como en los estados, así como políticas públicas en
todos los niveles de gobierno, que faciliten la adquisición de fortalezas de personas defensoras y
periodistas para que cada vez sean menos objetos de la protección pública y se conviertan en sujetos de
acción para su autoprotección.”
A casi una hora de exponer nerviosamente el veterano reportero hurgaba entre los rostros alguna muestra
de irritación o aburrimiento. Solo encontró miradas atentas. La reacción general, quizá por comedimiento,
fue un aplauso. No hubo preguntas. Posiblemente ellas y ellos conviertan su Encuentro en las
significancias necesarias para comenzar a atajar, ahora sí, el largo y aciago ciclo de agresiones contra
periodistas. Veremos. Mirada de reportero.